Desde el mismo instante en que se conoció el fallo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos, el Ejecutivo se aferró a la tesis de su inocencia y apuntó directamente al Tribunal Constitucional como la vía de recurso. Tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, tanto en Moncloa como en Ferraz han insistido en que "no comparten" el sentido del dictamen, subrayando el peso del voto particular firmado por dos magistradas, cuya interpretación contraria al fallo alimenta la estrategia argumental del Gobierno.
El Gobierno ha salido en defensa de García Ortiz. Pedro Sánchez no sólo ha puesto en cuestión la sentencia, sino que ha reivindicado que el exfiscal general "ha defendido la verdad y la institución de la Fiscalía General", al tiempo que ha reiterado que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso".