Alarma en el PP por el robo del voto por correo: "Pone en duda el sistema"

El Partido Popular denunció este jueves el robo de 124 papeletas emitidas por correo en las elecciones de Extremadura. Se trata de una sustracción aparentemente menor, pero que podría poner patas arriba todo el sistema electoral, especialmente después de las dudas que ya suscitó este mecanismo durante el 23-J, tras conocerse el paso de la miembro de la cloaca, Leire Díez, por Correos.

"Esto significa que no hay garantías suficientes de que el sistema sea ejemplar", trasladan fuentes de la dirección nacional del PP, que consideran "gravísimo" lo sucedido. "Han entrado en una oficina y ha habido, al menos, otros dos intentos anteriores hace dos semanas", advierten. "No se trata de algo puntual, y no descartamos que pueda afectar al resultado", añaden en el partido, claramente preocupados por lo ocurrido.

Después de la alarma generada, Correos confirmó que los afectados, cuyos votos fueron quemados, volverán a votar. Un alivio que, sin embargo, genera sospechas sobre la custodia de las papeletas ya que, esta vez, se ha conocido con antelación por la denuncia pública del PP, lo que facilita poder subsanar lo ocurrido. De hecho, el partido insistió en reclamar a la Junta Electoral Central un protocolo de tratamiento y custodia del voto por correo, además de garantías en la vigilancia de las papeletas.

"Demasiado confiados"

Sin embargo, en el PP se ya están en preaviso para futuros procesos electorales y llegan a preguntarse si han sido "demasiado inocentes" al confiar en el procedimiento y la limpieza de las elecciones. Y es que el incidente se suma al del 23-J, cuando Alberto Núñez Feijóo alertó, en plena campaña, de las dificultades postales para entregar las papeletas solicitadas, dada la falta de personal. También cuando se supo que Díez custodió el voto por correo, lo que hizo que saltaran aún más las alertas.

Esta vez, ha sido la presidenta de Extremadura, María Guardiola, la que ha dado la voz de alarma, visiblemente enfadada. En su opinión, se está coartando un derecho fundamental, pone en riesgo la libertad y cuestiona la democracia. En una comunidad donde cada voto cuenta, dada la baja densidad de población en determinadas zonas, el reparto de escaños podría verse afectado.

Un ejemplo fue lo ocurrido en las últimas autonómicas en Castilla-La Mancha, donde la presidencia recayó del lado del PSOE por menos de 1.000 votos. Así sucedió también en las generales del 2023, cuando determinadas provincias dieron el último escaño a la izquierda por apenas unos cientos de votos.

Ofensiva en el Congreso

En un momento en el que el PP se juega sumar más que toda la izquierda junta y roza la absoluta, un centenar de votos no es baladí, especialmente porque arroja dudas sobre todo el proceso electoral. Esto ha motivado que el PP no sólo haya presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central, sino que también haya impulsado una ofensiva parlamentaria para obtener explicaciones.

Nada más conocer lo ocurrido, el grupo de Ester Muñoz registró en el Congreso la petición de comparecencia de la ministra, María Jesús Montero, responsable de la SEPI, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además del presidente de Correos, Pedro Saura, muy cercano a Sánchez, para que aclaren lo ocurrido. Han registrado, también, una batería de preguntas al respecto para obtener respuesta por escrito.