El Gobierno vuelve a parapetarse tras los plazos y los precedentes para eludir explicaciones inmediatas sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, como ya hizo con el apagón, del que casi un año después aún se desconocen las causas de la desconexión nacional. El origen del siniestro no se conocerá, previsiblemente, hasta dentro de un año, según fuentes del Ejecutivo, que justifican la demora en la normativa vigente, que otorga a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios "un plazo máximo de doce meses desde la fecha del accidente, salvo que concurran circunstancias excepcionales" que impidan emitir el informe en ese periodo.
Según estas fuentes, lo más probable es que el informe definitivo sobre el trágico suceso no vea la luz hasta bien entrado 2027. Una previsión que el Gobierno respalda con un documento de 34 páginas bautizado con "datos, no relatos" en el que presume del buen funcionamiento de la red ferroviaria y del volumen de inversión realizado en los últimos años, al tiempo que recurre a accidentes del pasado como referencia para estipular la regla a seguir.
En ese documento, el Ejecutivo cita como referencia informes periciales de siniestros ocurridos hace más de una década. Desde los ocho meses que tardó en completarse el informe del descarrilamiento del metro de Valencia del 3 de julio de 2006, hasta los once meses del accidente de Angrois, o incluso los dos años y cinco meses que se necesitaron para esclarecer el accidente ferroviario de Porriño, en Pontevedra, el 9 de septiembre de 2016. En los tres casos, la causa de los accidentes fue el exceso de velocidad del tren, una hipótesis que en Adamuz se descartó desde el primer momento.
Con estos precedentes, el Ejecutivo busca ganar tiempo y amortiguar la exigencia de explicaciones inmediatas. Una estrategia que, en la práctica, aplaza la depuración de responsabilidades y traslada el foco del debate a otro asunto. Todo ello pese a que el siniestro afecta a una infraestructura cuya gestión y mantenimiento dependen en exclusiva de la Administración central y cuando el estado de la vía figura entre las principales hipótesis que se investigan.