Txeroki se suma a los más de 30 etarras beneficiados desde la cesión de prisiones de Sánchez al Gobierno vasco

El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, es el último preso de la banda terrorista en acceder a los beneficios del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Según la información publicada por ABC, esta medida permitirá al etarra salir de la prisión de Martutene (Guipúzcoa) de lunes a viernes "para trabajar", aunque deberá regresar al centro penitenciario para dormir.

La aplicación de este régimen supone una flexibilización del cumplimiento de la condena sin que el interno haya alcanzado el tercer grado. Se trata de una medida de carácter "excepcional" que ha sido utilizada de forma recurrente desde que el Gobierno de España transfirió las competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco en el verano de 2021.

El artículo 100.2

El artículo 100.2 permite combinar aspectos de distintos grados penitenciarios, configurando una suerte de "semilibertad intermedia" entre el segundo y el tercero. Aunque su finalidad teórica es facilitar la reinserción en casos muy concretos, su aplicación a los presos de ETA ha generado una fuerte controversia.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigida desde junio de 2024 por la socialista María Jesús San José, a fecha de enero de 2026 un total de 18 presos de ETA se encuentran actualmente bajo este régimen flexible. En conjunto, desde la asunción de las competencias, una treintena de etarras han sido beneficiados por esta fórmula penitenciaria, según explican desde ABC.

La mayoría de los beneficiados, condenados por terrorismo

ABC explica que las cifras oficiales, publicadas por la Consejería en mayo de 2025 tras una solicitud del parlamentario del Partido Popular, Santiago López Céspedes, revelan el alcance de estas decisiones. Entre octubre de 2021 y el 27 de mayo de 2025, el Gobierno Vasco aprobó 35 aplicaciones del artículo 100.2.

De ellas, 30 resoluciones —el 85%— correspondieron a presos de ETA–, mientras que solo cinco beneficiaron a reclusos comunes no condenados por terrorismo. Estos datos coinciden con los recogidos por observatorios independientes, como el de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.

En el caso concreto de Txeroki, la concesión del artículo 100.2 todavía debe superar un último trámite. Las fuentes jurídicas consultadas por ABC recuerdan que será necesario el visto bueno del juez de Vigilancia Penitenciaria, que previamente solicitará un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El procedimiento incluye un "plan de ejecución" que detalla el itinerario del interno, los horarios y las condiciones bajo las que puede abandonar el centro penitenciario. En este caso, la salida será "inminente" y limitada a los días laborables.

La trayectoria judicial de Txeroki es una de las más graves dentro de la historia reciente de ETA. Fue el máximo responsable del aparato militar de la organización hasta su detención en Francia a finales de 2008. Tras cumplir condena en ese país, fue entregado a España en agosto de 2024 a petición propia, al amparo de la Ley 23/2014, sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con autorización de la Audiencia Nacional.

En España, el etarra bilbaíno acumula condenas que superan los 400 años de prisión. Entre ellas, 377 años por una veintena de asesinatos en grado de tentativa en el atentado de 2002 contra la entonces teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, y su escolta. A ello se suman 18 años más por el intento de asesinato de la delegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero, mediante un paquete bomba, y otros nueve por un atentado frustrado en Castellón en 2007.

El atentado de la T-4

En una de las últimas actuaciones judiciales, el juez Santiago Pedraz comunicó a Txeroki su procesamiento por el atentado de la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas en 2006, que acabó con la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. La Fiscalía sostiene que fue el propio Txeroki quien ordenó el ataque para romper la tregua declarada por ETA durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, continúa imputado por otros atentados, como el perpetrado contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008, y por su presunta responsabilidad en diversos procedimientos reabiertos que investigan a la cúpula de la organización terrorista.

Pese a la magnitud de sus condenas, el límite máximo de cumplimiento efectivo en España es de 40 años, ya que la prisión permanente revisable no estaba en vigor cuando ETA cometió sus últimos atentados. Desde su llegada a Martutene en 2024, Txeroki se encontraba en segundo grado penitenciario.

Su paso al artículo 100.2 lo sitúa ahora en un estadio intermedio hacia la semilibertad, en un contexto en el que, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Gobierno Vasco concedió en 2025 hasta 20 terceros grados y siete libertades por cumplimiento de condena. A cierre de ese año, aún permanecían 124 presos de ETA en cárceles españolas, de los cuales más de la mitad ya disfrutaba de algún tipo de beneficio penitenciario.