Marlaska usó hasta las ayudas de la DANA para blindar a su DAO de la Policía Nacional

El comisario principal José Ángel González ha sido durante los últimos años el gran hombre de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. Como DAO (Director Adjunto Operativo) era el número dos del cuerpo, sólo por debajo del director general, un cargo político, y era el encargado de que en muchos momentos se cumplieran los deseos políticos del titular de Interior.

Fue el propio Marlaska quien le puso en el cargo en agosto de 2018, le sacó del puesto de Jefe Superior de Policía en Aragón que tenía cuando el PSOE de Pedro Sánchez llegó alcanzar el Palacio de La Moncloa tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Y ahí le ha mantenido hasta que este martes ha tenido que presentar su dimisión tras conocerse que estaba siendo investigado por agresión sexual.

Mantenerle como DAO no ha sido nada fácil, pues Marlaska tuvo que cambiar la legislación vigente hasta 2024 para evitar que José Ángel González se tuviera que jubilar. En diciembre de ese año cumplía los 65 años y hasta ese momento era obligatorio que todo funcionario policial, tuviese el puesto que tuviese en el organigrama del cuerpo, tenía que irse a casa jubilado como cualquier otro empleado público.

La artimaña utilizada por el ministro del Interior para mantener a González como DAO de la Policía Nacional fue utilizar uno de los reales decretos de ayuda a las víctimas de la DANA de Valencia para cambiar la Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional. Exactamente, cambió el párrafo b del artículo 5.2 para evitar la jubilación del DAO.

"Forzosa, que se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. No obstante lo anterior, alcanzada la citada edad por la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional esta podrá permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo, pasando a la situación de jubilación en el momento en que se produzca su cese por las causas establecidas en la normativa vigente", decía el cambio legal.

El esperpento de ese cambio normativo fue tal y levantó fuertes críticas entre los partidos de la oposición, principalmente de PP y Vox. Y es que varias semanas antes el propio ministro ya había tratado de introducir ese cambio dentro de la Ley de Movilidad que se estaba debatiendo en el Senado, pero le había salido mal al percatarse populares y voxeros del intento del Ministerio del Interior.