La regularización masiva de Pedro Sánchez ha puesto en pie de guerra a las Comunidades Autónomas del PP, que han presentado en bloque una lista de 9 alegaciones al ministerio de Migraciones dirigido por Elma Saiz para intentar frenar la medida, según trasladan fuentes de Génova a Libertad Digital. Los de Alberto Núñez Feijóo alertan de que la norma va a colapsar los servicios públicos, poniendo a prueba la capacidad de las regiones, encargadas de gestionar la sanidad, la educación o la vivienda.
Aunque el proceso afectará también a comunidades como Cataluña o el País Vasco, los privilegios económicos concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a sus socios, a través de la financiación autonómica, les permitirán asumir en mejores condiciones el reto de introducir en el sistema a cientos de miles de personas. La norma podría estar ya vigente en el plazo de un mes, una vez emita informe el Consejo de Estado, que no es vinculante.
El Gobierno de Pedro Sánchez negocia, además, con ERC y el PNV que el catalán o el euskera sean requisitos para lograr la regularización, después de desechar la idea de exigir el español, lo que en la práctica blinda a estas regiones y desplaza a los inmigrantes a otras comunidades en las que será más fácil obtener los permisos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado recurso ante la Justicia.
Cifras alarmantes
No existe todavía una cifra oficial de posibles regularizados, que el Gobierno calculó en medio millón, pero un informe de la Policía Nacional desmintió elevando el dato a 1,2 millones de beneficiados directos, a los que habría que sumar después sus familias por motivos de arraigo, por lo que podrían ser 2 o 3 millones de personas. Funcas lo cifra en 850.000 regularizados directos más sus familias.
Se trata de cifras muy altas que pondrían a prueba la capacidad de cualquier país, especialmente uno europeo donde existe Estado del bienestar, y hay acceso a una gran cantidad de servicios públicos sufragados con dinero público. Influye también en el censo electoral en el medio plazo, ya que muchos con convenios entre países podrán votar en las municipales, y podrán solicitar después la nacionalización para las generales y autonómicas.
Un reto inasumible para las administraciones públicas que deberán afrontar en el plazo de apenas unos meses. Afecta también al resto de países de la UE por el espacio Schengen de libre circulación. De hecho, el Parlamento europeo ya ha debatido sobre esta medida, alertando de las consecuencias, y países como Italia la han criticado por sus implicaciones, dado el efecto llamada que se produce no sólo para España, sino para toda Europa.
Por todo esto, el PP ha remitido hasta 9 alegaciones al Ejecutivo. Entre ellas, oponerse a su tramitación urgente (lo que permite al Gobierno acortar los plazos y saltarse consultas a organismos estatales); la falta de información sobre el número de regularizados; el fracaso de un modelo migratorio ineficaz; su incompatibilidad con el Pacto Europeo Migratorio o la ausencia de una evaluación individual sobre las condiciones de cada solicitante.
Sin certificado penal ni contrato de trabajo
El PP también advierte contra el colapso de los servicios públicos; las deficiencias en el sistema de comprobación de los antecedentes penales y policiales; la vulneración del principio de jerarquía normativa con respecto al régimen sancionado y la falta de lealtad institucional con las CCAA, a las que no se ha reunido en la Conferencia Sectorial para favorecer una mínima coordinación.
De esta forma, exigen que se retire el borrador del Real Decreto, se reformen las vías legales de entrada y regularización ordinaria, sustituir este modelo por uno vinculado a criterios objetivos como los contratos de trabajo, convocar la Conferencia Sectorial, reforzar los sistemas de expulsión de irregulares y optimizar la revisión de posibles antecedentes penales, ya que apenas se exigirá una declaración responsable para obtener papeles.
Al millón de regularizados, más sus familias, hay que sumar los nacionalizados a través de la Ley de Nietos, que beneficiaría a 2,3 millones de personas, y podrían residir también en España. La norma permite a hijos o nietos de españoles lograr la nacionalidad, teniendo acceso, entre otras cosas, al derecho a voto en unas elecciones generales o autonómicas. De ahí que el PP pusiera el foco en el censo electoral que va a verse afectado en el medio plazo.