Según publica en exclusiva Libertad Digital, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría recibiendo tratamiento por una supuesta dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal durante los últimos meses. La supuesta dolencia cardíaca del presidente podría conllevar riesgos de eventos cardiovasculares como una trombosis o un infarto, motivo por el cual estaría siendo sometido a revisiones frecuentes bajo la supervisión de especialistas. Libertad Digital contactó con la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa, que no habría desmentido la publicación.
En este contexto, el Gobierno ha decidido desclasificar los documentos relativos al 23F cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado. La medida será aprobada este martes por el Consejo de Ministros, después de que el presidente del Gobierno la adelantara a través de sus redes sociales.
La desclasificación se hará efectiva este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, la documentación podrá consultarse públicamente a través de la página web oficial del Ejecutivo. En el PSOE se congratulan de esta iniciativa que "salda una deuda histórica con la ciudadanía".
La memoria no puede estar bajo llave.
Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.
Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.
Gracias a quienes abristeis camino. pic.twitter.com/VNHEAadVxv
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026
Desde el PNV han acogido con satisfacción el anuncio y han hecho suyas las palabras de Sánchez al subrayar que "la memoria no puede estar bajo llave". No obstante, han advertido de que la desclasificación no debe quedarse en este gesto puntual y han instado al Gobierno a ampliar el proceso a otros documentos "sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo de Gasteiz" que todavía permanecen bajo reserva.
En este contexto, sigue en tramitación la nueva Ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV, con la que se pretende actualizar la normativa vigente desde 1968. La reforma plantea establecer plazos máximos para la clasificación de documentos e introducir mecanismos de desclasificación automática a los 45 años, prorrogables únicamente por razones debidamente justificadas de seguridad nacional.