Las cárceles españolas han vuelto a superar una cifra récord en agresiones consolidando un aumento de la violencia en las prisiones que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska no es capaz de poner fin. Entre las cinco prisiones con más incidentes violentos durante el año 2025, se encuentra Soto del Real, en la que permanecen encarcelados los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Koldo García.
Según los datos oficiales recogidos por el sindicato penitenciario ACAIP-UGT, las cárceles españolas han sufrido 529 agresiones y 119 incidentes de naturaleza sexual cometidos por internos contra trabajadores penitenciarios. Estas cifras suponen, según han destacado en un comunicado, un "preocupante" aumento que se consolida año tras año y que está llevando a las prisiones a "niveles inasumibles" de violencia.
"No hablamos de hechos aislados, sino de una conflictividad generalizada que afecta a la práctica totalidad de los centros penitenciarios", han explicado desde el sindicato. Así, se detalla que las cinco prisiones españolas en las que ha habido más incidentes violentos el último año son: Córdoba (37); el Centro Penitenciario Puerto III, situado en el Puerto de Santa María, (29 agresiones); el Centro Penitenciario Puerto I, también situado en la localidad gaditana, (29 agresiones); el Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia, (27 agresiones); y la Cárcel de Soto del Real (25 agresiones).
Esta última ha cobrado especial relevancia para el ojo público en los últimos meses debido a la entrada en prisión de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán –este último ahora en libertad provisional a la espera de juicio—; y el exasesor ministerial de Ábalos, Koldo García.
Al respecto de las agresiones a funcionarios penitenciarios, cabe destacar que este tiene causas claras que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, no ha podido solucionar. En concreto, las prisiones españolas cuentan con un déficit médico estructural del 75%, que impide una adecuada atención sanitaria. Ello conlleva también un incremento constante de internos con patologías mentales en módulos de presos normales debido a una calificación interior ineficiente que no atiende correctamente al perfil individualizado del preso.
Las trabajadoras penitenciarias, desprotegidas
En este sentido, cobran especial importancia las agresiones sexuales, que, en concreto, han sido 8 agresiones sexuales, 51 casos de acoso sexual y 60 incidentes por exhibicionismo o provocación sexual. Algo que se agrava con la problemática de la diferencia de sexos entre los funcionarios y los presos: mientras que el 93% de la población reclusa es masculina, el 35% de los funcionarios de prisiones son mujeres; una proporción que se distancia año a año.
"Desde ACAIP-UGT vemos imprescindible una formación específica, que incluya defensa personal adaptada y prevención de agresiones sexuales", aseguran, teniendo en cuenta que la situación actual compromete la seguridad de muchas trabajadoras, que, además, no tienen equipos de seguridad que se amolden a su anatomía al ser los trajes de "tallaje único".
En este contexto, ante un protocolo frente a agresiones "claramente insuficiente" que no recoge ni agresiones verbales ni las tentativas frustradas, el sindicato demanda que se desbloquee en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Además, piden que el Estado asuma el pago de las indemnizaciones a los trabajadores penitenciarios agredidos, que la Abogacía del Estado actúe de oficio en las denuncias por agresión y que se implante una cobertura psicológica integral para el trabajador agredido.