
El candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León se ve envuelto en una nueva controversia tras conocerse que mantiene a su hermana como trabajadora del Ayuntamiento de Soria, del que es alcalde, pese a que su contrato ya debería haber expirado. Según la información publicada por el diario The Objective, una empresa pública vinculada a la ciudad ha contratado a la familiar directa del actual primer edil para dirigir una de sus áreas estratégicas. Esta decisión ha provocado un intenso debate sobre los criterios de selección empleados en el entorno de la Administración.
El proceso de selección ha suscitado numerosas interrogantes entre los distintos grupos de la oposición local, quienes denuncian una supuesta falta de transparencia. Según los documentos aportados por la citada investigación periodística, la vacante no fue publicitada adecuadamente en los canales oficiales, lo que limitó la concurrencia de otros posibles aspirantes. La adjudicación se tramitó mediante un procedimiento extraordinario que los rivales políticos de la corporación consideran completamente injustificado.
Pero es que además, el puesto de la hermana de Carlos Martínez ya debería haberse eliminado, ya que las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 15 de marzo de hace tres años especificaban que tendría una "duración determinada", es decir, que no era indefinido, y que concluía a finales de 2025, es decir, hace dos meses. Sin embargo, The Objective ha constatado que sigue trabajando en el consistorio.
Desde el Ayuntamiento han defendido de manera categórica la legalidad absoluta de este movimiento administrativo. El entorno del regidor ha subrayado que la persona seleccionada cuenta sobradamente con el perfil técnico requerido para gestionar las responsabilidades del nuevo departamento. Además, las fuentes municipales insisten en que el dirigente no participó en ninguna fase de evaluación de la Mesa de Contratación, evitando de este modo cualquier incompatibilidad ética o legal.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no han logrado aplacar las exigencias de responsabilidades en la sede del municipio. Diferentes formaciones han registrado peticiones formales para convocar un pleno extraordinario a la mayor brevedad posible. El objetivo de esta solicitud conjunta es forzar la entrega de todos los informes técnicos y jurídicos que avalaron el expediente. Advierten de que, si no reciben los documentos, acudirán a otras instancias superiores.
Este episodio se desarrolla en plena campaña electoral en Castilla y León, que acudirá a las urnas el próximo domingo día 15 y donde el PSOE tiene mejores expectativas que en otras regiones de España.
