El pasado 22 de agosto llegó por fin la noticia de la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta, los dos cooperantes de Acción Solidaria que fueron secuestrados el pasado otoño por Al Qaeda en el Magreb. La feliz noticia de la liberación y el buen estado de los españoles vino acompañada por la polémica sobre el método seguido por el Gobierno para lograr su regreso a España. Muy pronto comenzaron a llegar las primeras informaciones: la liberación habría costado entre cinco y diez millones de dólares, cifra que los diarios españoles situaban en siete u ocho millones de euros, entre pagos a los mediadores y a los propios terroristas. No fue la única cesión: el Ejecutivo también accedió a la exigencia de los terroristas de liberar a Omar Saharaui, el mauritano que propició el secuestro y que había sido apresado en Mauritania.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre lo que ha costado la liberación, limitándose a hablar de gestiones de “diplomacia” y de los Servicios de Inteligencia. Sin embargo, las noticias han seguido aflorando. En efecto, Omar Saharaui consiguió la libertad tras su extradición a Malí, que reconoció que el individuo estaba ya en paradero desconocido. También trascendió una grabación del momento de la liberación de los cooperantes: Vilalta y Roque aparecían junto a su secuestrador, presente para demostrar a los terroristas su liberación, compartiendo vehículo y compartiendo bromas. Mientras, Nicolas Sarkozy alzó la voz para criticar a quienes limitan su estrategia ante los secuestros a pagar rescates y liberar presos. La alusión a España parecía clara, pero el Elíseo acabó matizando sus palabras. El PP, mientras, ha vuelto de vacaciones exigiendo a De la Vega que comparezca para dar algún detalle de lo ocurrido. El regreso de la actividad parlamentaria seguirá trayendo polémica y, quizás, algunas respuestas más de cómo se gestó el final del largo secuestro en el Sahel.