El dislate nacional

“La nueva Ley de Mercado Único obligará a modificar 4.000 leyes
autonómicas y 1.700 estatales.” (Extractado de un titular de portada de la
prensa económica del seis de julio de dos mil trece).

¿Es viable un país con tamaño volumen de leyes?, ¿alguien es capaz en
toda una vida de, siquiera, leerse semejante número de leyes?

Y estas son sólo las que resulta necesario modificar. ¡Cuánto mayor será el
número total de leyes existentes!

Es evidente que ninguna empresa tiene capacidad para cumplirlas todas.
Resulta obvio también que sólo tratar de averiguar qué leyes tiene que
cumplir paralizaría la actividad del empresario más pintado. Y esto,
además, tiene una consecuencia de mucha mayor gravedad: El número de
abogados, jueces, tribunales, diputados, funcionarios y de toda clase de
leguleyos que pulula alrededor de tantos textos legales, es
necesariamente incontable.

En suma, la masa de personas improductivas que no crean riqueza, que no
crean nada nuevo y que suponen una parte importante de la economía del
país es de tal calibre que obliga a las empresas productivas a dar de comer
a toda esta patulea de parásitos que toda publicación de una nueva ley
genera por sí misma de forma descontrolada, desviando una parte muy
importante de la riqueza generada y lastrando la economía.

¿Tiene todo esto alguna lógica?

Hay una perversión intrínseca al sistema democrático del que nos hemos
dotado: Un poder legislativo cuyo objetivo - el del Gobierno en realidad, ya
que el grupo político mayoritario está directamente controlado por el
gobierno- es promulgar leyes para conseguir titulares de prensa, da lo
mismo que se cumplan o no, y, como consecuencia de ello, conseguir
votos que le permitan mantenerse en el poder.

De modo que, el Parlamento, por su lado, y el Gobierno, por el suyo, no
hacen otra cosa que participar en una carrera legislativa contrarreloj para
promulgar el mayor número de leyes posible, decretos leyes, etc. Hasta
llegar a regular los aspectos más nimios de la vida de los ciudadanos, no
perdiendo nunca de vista el objetivo de establecer impuestos, tasas,
sanciones multas y penas. ¡Son capaces incluso de poner un impuesto al
aire acondicionado!

Como objetivo colateral, para tener toda esta parafernalia legal en
funcionamiento hacen falta funcionarios, jueces y demás fauna
improductiva, pero de gran capacidad reproductiva, por otro lado. En
definitiva, esta fauna se alimenta a sí misma y, en una espiral sin fin,
produce leyes que requieren de más funcionarios, jueces y abogados para
hacerlas cumplir y para defender o acusar a los incumplidores. Y, para dar
vida a todo ello, hacen falta diputados - nacionales, autonómicos,
provinciales y europeos - y no olvidemos a los concejales, para promulgar
leyes y normas que acaban cayendo como una losa sobre la productividad
del país. ¿Tendrá esto que ver con el hecho de que la mayor parte de los
políticos sean titulados en derecho?

¿Tiene sentido aplastar la capacidad productiva del país y lastrarla con una
impresionante masa de gente improductiva dedicada a estrangular a los
trabajadores, empresas y profesionales que trabajan en la economía
productiva y poder así justificar sus emolumentos?

Esto se extiende más allá. El simple hecho vital de que un ser querido nos
abandone, en el momento en que el acuerdo entre los deudos no sea
total, incluso siéndolo, obliga a la intervención de un sinnúmero de
abogados, funcionarios, registradores, procuradores y notarios que se
disputan un gran trozo de la riqueza generada durante su vida profesional
por el difunto o su empresa, sustrayéndoselo a sus deudos. ¿Tiene esto
algún sentido?

No sólo durante la vida del profesional o la empresa la depredación de la
riqueza generada es constante gracias al sinnúmero de leyes, normas,
órdenes, directivas, etc., sino ¡incluso después de fallecido el titular, las
hordas depredadoras se lanzan sobre los despojos para tomar parte en el
festín!

¿Qué solución le podemos dar a todo esto? Sólo una, disponer de un
gobierno y un parlamento con un único y permanente objetivo de
legislatura: Suprimir y simplificar leyes y normas. Lograr que el número de
leyes y normas a cumplir por una persona sea tal que, al menos, pueda
llegar a conocerlas todas en vida.

¡Lo siento por los abogados y derivados a quienes esta propuesta no
gustará!, ¡por los políticos! La supresión de normas lleva aparejada la
drástica reducción de tanto puesto público y político. No soy un radical, ¡no
abogo por su extinción! Tan solo pido un ajuste que libere capacidad
productiva y creativa, que durante tantos siglos ha dado forma al alma
occidental, y que disminuya la masa parasitaria de la sociedad de forma
que la energía creadora no quede cercenada.

¿Tiene sentido que la publicación de una ley obligue a la modificación de
otras 5.700?, ¿cuántos funcionarios, jueces y autoridades hacen falta para
aplicarlas? ¿Cuántos recursos económicos generados por la economía
productiva habrá que destinar a adaptar el funcionamiento de las
empresas a los cambios legislativos?, ¿qué coste, en suma, puede tener
para el país la modificación de una sola ley?

¿No será más rentable decretar directamente la nulidad de leyes y
preceptos enfocados a poner cortapisas al libre mercado?

¿Cuántos años tendrán que pasar para que una modificación con
semejantes implicaciones tenga efecto? ¿No sería más fácil elaborar un
catálogo de temas sobre los que no es necesaria ninguna regulación y
anular cualquier precepto que contradiga esto?

¿Qué porcentaje del gasto del país se destina a alimentar a toda la
maquinaria legislativa? ¿Cuánto cuesta generar esta ingente masa
económica? Si el padre de familia, con su trabajo, además de alimentar a
su mujer y a sus hijos, tiene que destinar una parte importante de sus
ingresos a dar de comer y a pagar los gastos al cuñado parásito que, no
sólo no trabaja, sino que dedica todas las sobremesas a explicar al padre
de familia cómo debe trabajar y qué debe y no debe hacer para producir y
dedica sus esfuerzos a poner impedimentos para que trabaje con eficacia:
utilizare de chófer por la mañana para ir al banco, acompañarle a las
oficinas del paro a rellenar papeles,…, el recurso productivo familiar
destinará una parte importante de los ingresos generados a sufragar los
gastos improductivos del cuñado y una porción del tiempo disponible para
la producción a atender sus requerimientos. Cuando resulta que la misión
fundamental del cuñado no es otra que la de impedir que el recurso
productivo se desarrolle de forma óptima.

En definitiva un sistema político orientado a la aprobación de nuevas leyes,
en lugar de a la supresión de las sobrantes y a la simplificación de las
necesarias, actúa en contra del desarrollo económico y la productividad del
país.