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JEFE DEL ESTADO MAYOR

El juez Guzmán investigará las acusaciones por tortura contra Hernán Gabrielli

El juez especial Juan Guzmán ha recibido en trámite las cinco querellas presentadas por ex presos políticos contra Augusto Pinochet y contra el general de aviación Hernán Gabrielli, a quien acusan de torturas. De esta manera, el magistrado -que procesó el pasado 29 de enero al ex dictador por 75 crímenes de la "Caravana de la Muerte"- también quedará a cargo de la investigación de las acusaciones judiciales contra Gabrielli, jefe del estado Mayor de la Fuerza Aérea.

"No hay juicio de valor aún contra Gabrielli", ha advertido el abogado querellante Eduardo Contreras quien destacó que la resolución del magistrado significa un éxito para los querellantes. "Nos parece una muy buena señal que el tribunal haya resuelto admitir a tramitación las querellas en contra del general Gabrielli y Pinochet. Que éstas hayan sido aceptadas permitirá establecer la verdad que asiste a nuestras partes", ha dicho también.

El abogado aseguró que quedará demostrado también que el requerimiento del "número dos" de la Fuerza Aérea de Chile por Ley de Seguridad del Estado contra sus acusadores "no es más que un subterfugio para evitar la acción de la justicia". Esta ley, dictada por el gobierno de Augusto Pinochet, ofrece una protección especial a las alta autoridades civiles y militares. Su utilización contra los ex presos políticos no fue del agrado del presidente de la República, Ricardo Lagos.

Los ex presos políticos Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera en declaraciones la semana pasada a medios de comunicación acusaron al general Gabrielli de haber torturado a Eugenio Ruiz-Tagle, quien fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por miembros de la "Caravana de la Muerte".

El jefe del Estado mayor de la FACH respondió a las acusaciones con una querella por injurias y calumnias a través de la Ley de Seguridad del Estado, a la que los afectados replicaron con cinco querellas por torturas. Dos de estos requerimientos, que también incluyeron a Augusto Pinochet, fueron interpuestos por las familias del ejecutado Eugenio Ruiz-Tagle y del detenido desaparecido Mario Silva.

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