Vladimiro Montesinos, un polémico asesor presidencial y abogado de narcotraficantes

Ingresó en la Escuela Militar de Chorillos, donde se graduó como alférez de artillería en 1966. Luego, siendo ya subteniente, entró a trabajar en el Servicio de Inteligencia del Ejército y durante el gobierno militar izquierdista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) se hizo conocido como miembro connotado del ala “velasquista” del Ejército. En esa época ascendió a teniente y fue ayudante de dos comandantes generales y de un ministro.

En 1976, tras ser derrocado Velasco, y siendo ya capitán, fue acusado de “mantener contactos no autorizados y filtrar información”del ejército a la prensa y a otros servicios de inteligencia, por lo que fue enviado a la guarnición de El Algarrobo, ubicada en una recóndita zona del norte del país.

Poco después, viajó con un permiso falsificado a Estados Unidos, donde dio conferencias ante la Corporación Rand y entregó información a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). A su regreso a Perú fue arrestado y procesado por los delitos de falsedad y desobediencia. A finales de septiembre de 1976 fue dado de baja del ejército y en 1977 el Consejo Supremo de Justicia Militar le condenó a prisión.

Cuando salió de la cárcel, en 1978, trabajó como taxista mientras terminaba los estudios universitarios de Derecho, que había iniciado años antes. En la década de los años 80 ejerció como abogado y asumió casos polémicos, como la defensa de los traficantes colombianos Evaristo Porras y Jaime Tamayo, cabecillas del “cártel” de Medellín.

Esa condición de abogado fue también lo que le llevó, en 1990, al entorno de Alberto Fujimori, quien por entonces se encontraba en plena campaña electoral y acusado de haber evadido el pago de impuestos en un negocio inmobiliario de su esposa. Montesinos ayudó a Fujimori a salir airoso de dichas acusaciones, lo que le sirvió para situarse como hombre de confianza del nuevo Presidente.

A partir de 1990 se convirtió en el principal asesor de Fujimori y construyó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), una enorme red de información que permitió al Gobierno de Fujimori infiltrarse en la banda terrorista Sendero Luminoso y derrotarla, pero también espiar la vida privada de políticos, empresarios, militares y otras personalidades.

Desde 1990 hasta septiembre de 2000, y aunque sin ocupar ningún cargo oficial en el Gobierno, Montesinos dirigió los Servicios Secretos, ejerciendo un auténtico poder en la sombra. Durante ese tiempo, fue visto pocas veces en público, aunque su nombre apareció asociado a numerosos escándalos y episodios como el “fujigolpe” del 5 de abril de 1992 o la desarticulación del contragolpe del general Jaime Salinas, en noviembre de ese mismo año.

Apodado el “Doctor” y el “Rasputín” del fujimorismo, la oposición y grupos de derechos humanos de Perú le relacionan con diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas la matanza de Barrios Altos, en noviembre de 1991; la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, en julio de 1992; la tortura y posterior asesinato de la agente del Servicio de inteligencia Mariela Barreto, en 1996; y la tortura de la ex agente Leonor La Rosa, en 1997.

Además, durante sus años de asesor presidencial Montesinos amasó una gran fortuna. En 1997, el Canal 2 de Perú puso al descubierto que los ingresos declarados al fisco de Montesinos ascendían a dos millones de dólares; y en 1999, el diario limeño “Liberación” reveló que percibía ingresos en una de sus cuentas bancarias de 200.000 dólares mensuales, lo que fue investigado, a petición del propio Montesinos, por el Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, quien archivó el caso. El presidente Fujimori dijo públicamente entonces que esos ingresos de Montesinos obedecían a su labor privada como abogado lo que demostraba la calidad de sus servicios profesionales, razón por la que le mantenía como su asesor.

El 14 de septiembre de 2000 se difundió un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero al diputado de la oposición Alberto Kouri, en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para que el parlamentario aceptase pasarse a las filas del partido en el Gobierno. La revelación del soborno desató un gran escándalo político y forzó a Fujimori a renunciar de hecho a la Presidencia, a convocar elecciones en las que no participará y a desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

El 24 de septiembre Montesinos huyó a Panamá y regresó inesperadamente a Perú el 23 de octubre, permaneciendo desde entonces en paradero desconocido. El 25 de octubre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), organismo que agrupa a más de 30 grupos defensores de los derechos humanos en Perú, denunció a Montesinos por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, lesiones graves y homicidio calificado.

El 2 de noviembre las autoridades de Suiza informaron de la existencia de varias cuentas bancarias de Montesinos en ese país con 48 millones de dólares depositados en ellas y le acusaron de “lavado de dinero”. Como consecuencia, el Gobierno peruano abrió una investigación y designó al abogado José Ugaz procurador especial encargado del caso.

El día 6 de noviembre la justicia peruana ordenó el arresto de Montesinos y el embargo preventivo de sus bienes; y tres días después Fujimori reveló la existencia de otras cuentas bancarias de su ex asesor en la isla caribeña de Gran Caymán, en Montevideo (Uruguay) y en Nueva York (Estados Unidos).

Vladimiro Montesinos está acusado de corrupción de funcionarios, “lavado” de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilegal.