LD (EFE).-
Según algunas informaciones, más de 20.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, están en paradero desconocido desde el desastre, que causó el pánico y el éxodo de cientos de miles de habitantes de las zonas aledañas, que huyeron en busca de refugio. Muchas de esas personas han comenzado a regresar a sus domicilios, donde en ocasiones falta algún miembro de la familia, perdido en la confusión causada por las explosiones que destruyeron gran parte de las instalaciones militares de Ikeja, área industrial del noroeste de la ciudad. Quienes fueron evacuadas o huyeron de sus hogares por temor a que los estallidos de las bombas y los misiles almacenados en el cuartel pudieran alcanzar zonas residenciales culpan ahora al estamento militar de la catástrofe, al tiempo que han empezado a pedir compensaciones económicas por los daños sufridos.
Aunque el primero en culpar de "negligentes" a los militares fue el propio gobernador de Lagos, Ahmed Tinubu, el Gobierno federal nigeriano, bajo presión para deslindar responsabilidades, ha estado repitiendo que "el incendio fue accidental". Tinubu, quien puntualizó que la mayoría de los muertos son niños, ha declarado a los periodistas que "las Fuerzas Armadas son responsables porque deberían retirar de Lagos el depósito de municiones. Estas armas y bombas deberían estar lejos de los residentes”.
Las dos cámaras del parlamento nigeriano han establecido sendas comisiones investigadoras, que convocarán al ministro de Defensa para que explique el grado de responsabilidad del Ejército en el desastre de Ikeja. Pese a las acusaciones contra los militares, portavoces de la Policía informaron de que el incendio en el arsenal, a cuyo alrededor hay suburbios de trabajadores y barrios de chabolas, comenzó en un mercado callejero, se propagó a una gasolinera cercana y luego a las instalaciones militares.
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, quien calmó a la población desmintiendo por televisión los rumores de que las explosiones se debían a un golpe militar contra su gobierno, decretó que este martes fuera "día de duelo nacional", en el que las banderas fueron izadas a media asta en todos los edificios públicos. Iglesias y mezquitas celebraron, por su parte, oficios religiosos para honrar a las víctimas en los mayores centros urbanos del país.
Fuentes diplomáticas señalaron que no será fácil desvelar la incertidumbre acerca del verdadero número de fallecidos, con periódicos locales que citan a testigos presenciales y cuya versión contradice los cálculos oficiales, que cifraron en unas 600 las víctimas mortales del desastre. Según el Gobierno, alrededor de 580 personas perecieron ahogadas al arrojarse a un canal cuando intentaban huir de las explosiones causadas por el incendio, mientras que una veintena habrían muerto calcinadas en el siniestro.
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Aunque el primero en culpar de "negligentes" a los militares fue el propio gobernador de Lagos, Ahmed Tinubu, el Gobierno federal nigeriano, bajo presión para deslindar responsabilidades, ha estado repitiendo que "el incendio fue accidental". Tinubu, quien puntualizó que la mayoría de los muertos son niños, ha declarado a los periodistas que "las Fuerzas Armadas son responsables porque deberían retirar de Lagos el depósito de municiones. Estas armas y bombas deberían estar lejos de los residentes”.
Las dos cámaras del parlamento nigeriano han establecido sendas comisiones investigadoras, que convocarán al ministro de Defensa para que explique el grado de responsabilidad del Ejército en el desastre de Ikeja. Pese a las acusaciones contra los militares, portavoces de la Policía informaron de que el incendio en el arsenal, a cuyo alrededor hay suburbios de trabajadores y barrios de chabolas, comenzó en un mercado callejero, se propagó a una gasolinera cercana y luego a las instalaciones militares.
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, quien calmó a la población desmintiendo por televisión los rumores de que las explosiones se debían a un golpe militar contra su gobierno, decretó que este martes fuera "día de duelo nacional", en el que las banderas fueron izadas a media asta en todos los edificios públicos. Iglesias y mezquitas celebraron, por su parte, oficios religiosos para honrar a las víctimas en los mayores centros urbanos del país.
Fuentes diplomáticas señalaron que no será fácil desvelar la incertidumbre acerca del verdadero número de fallecidos, con periódicos locales que citan a testigos presenciales y cuya versión contradice los cálculos oficiales, que cifraron en unas 600 las víctimas mortales del desastre. Según el Gobierno, alrededor de 580 personas perecieron ahogadas al arrojarse a un canal cuando intentaban huir de las explosiones causadas por el incendio, mientras que una veintena habrían muerto calcinadas en el siniestro.
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