LD (EFE)
Minutos antes de anunciar el acuerdo con las autoridades de Arequipa, centro de las protestas, el presidente peruano, Alejandro Toledo, por medio de su portavoz, se vio obligado a dar explicaciones por el "ímpetu" con el que se privatizaron estas entidades, adjudicadas el pasado viernes a la empresa belga Tractebel. Según Toledo, cuando el 16 abril de 2001 suscribió un compromiso electoral de no privatizar esas empresas, "jamás" imaginó "que recibiría un país en escombros", dejado así por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Poco después de la lectura de este mensaje, la comisión negociadora nombrada por el gobierno y las autoridades de Arequipa anunciaron el acuerdo para poner fin a una semana de convulsión social, que ha causado la muerte de una persona, heridas a más de 150 y pérdidas de más de ciento cinco millones de euros. En el documento, el Gobierno se comprometió a levantar el estado de emergencia y el toque de queda en las próximas 48 horas y pidió disculpas "por todos los malos entendimientos" que le han alejado del pueblo. El Ejecutivo se vio obligado además a prometer que los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del Interior, Fernando Rospigliosi, "expresarán su desagravio por los términos o frases" que hayan ofendido a los ciudadanos de Arequipa durante las protestas.
Las autoridades arequipeñas, lideradas por el alcalde, Juan Manuel Guillén, hicieron un llamamiento para que cesen las protestas en el resto del país, después de que los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna y Cuzco se sumaran a las protestas con un paro general en solidaridad con Arequipa. Las protestas lograron su objetivo al paralizar la privatización hasta que la justicia resuelvan los recursos presentados contra este proceso.
Poco después de la lectura de este mensaje, la comisión negociadora nombrada por el gobierno y las autoridades de Arequipa anunciaron el acuerdo para poner fin a una semana de convulsión social, que ha causado la muerte de una persona, heridas a más de 150 y pérdidas de más de ciento cinco millones de euros. En el documento, el Gobierno se comprometió a levantar el estado de emergencia y el toque de queda en las próximas 48 horas y pidió disculpas "por todos los malos entendimientos" que le han alejado del pueblo. El Ejecutivo se vio obligado además a prometer que los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del Interior, Fernando Rospigliosi, "expresarán su desagravio por los términos o frases" que hayan ofendido a los ciudadanos de Arequipa durante las protestas.
Las autoridades arequipeñas, lideradas por el alcalde, Juan Manuel Guillén, hicieron un llamamiento para que cesen las protestas en el resto del país, después de que los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna y Cuzco se sumaran a las protestas con un paro general en solidaridad con Arequipa. Las protestas lograron su objetivo al paralizar la privatización hasta que la justicia resuelvan los recursos presentados contra este proceso.