La administración del presidente Donald Trump ha dado un golpe de efecto al presentar una acusación formal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presunto fraude hipotecario. La acusación, remitida por la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) a la fiscal general Pam Bondi, señala irregularidades en la compra de una propiedad en Virginia por parte de James, cometido semanas antes de iniciarse el juicio en el que acusó a Trump Corporation por inflar el valor de sus propiedades en algunas peticiones de préstamos que acabó con una condena de 454 millones de dólares. "Nadie está por encima de la ley", aseguró entonces la fiscal, del Partido Demócrata.
Según los documentos presentados por William Pulte, director de la FHFA, James habría falsificado registros para obtener condiciones favorables en un préstamo hipotecario, declarando la propiedad de Norfolk, Virginia, como su residencia principal, a pesar de que, como fiscal general de Nueva York, está obligada a residir en ese estado. Además, se han detectado irregularidades en la compra de una vivienda para cinco familias en Brooklyn en 2001, número que James bajó a cuatro para obtener condiciones más ventajosas en solicitudes de permisos y documentos hipotecarios. Además, la fiscal habría comprado otra propiedad con su padre al que sin embargo presentó en el papeleo en 1983 y 2000 como su marido.
Estas acusaciones, de confirmarse, reflejan un cierto paralelismo con los cargos que la propia James impulsó contra Trump, a quien acusó de inflar sus activos para obtener mejores condiciones a la hora de negociar con entidades financieras. El caso contra Trump, que culminó en una sentencia por fraude, fue duramente criticado por la derecha como un proceso politizado, dado que ninguna de las entidades financieras víctimas del supuesto fraude se consideraba perjudicada y había seguido teniendo negocios con la empresa familiar de Trump.
Ahora, la administración republicana parece decidida a ajustar cuentas, utilizando las mismas palabras de James en su contra. "Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a Letitia James", afirmó un portavoz de la Casa Blanca. "Es hora de que quienes han utilizado el sistema judicial para persecuciones políticas rindan cuentas por sus propias irregularidades".
Desde el entorno de James, se ha calificado la acusación como una "venganza política" orquestada por Trump para desacreditar a una de sus principales adversarias, algo de lo que resulta difícil no estar de acuerdo. Sin embargo, la administración insiste en que las pruebas son sólidas y que el caso será llevado hasta sus últimas consecuencias. "Si James predicaba que nadie está por encima de la ley, debe estar preparada para enfrentar las consecuencias de sus actos", señaló un cargo de la administración Trump. Además, mientras que el caso contra el entonces expresidente no tenía precedentes en Nueva York y provocó una gran preocupación entre la comunidad empresarial, a la que los políticos tuvieron que tranquilizar asegurándoles que el caso era una excepción y no una nueva regla, el presunto fraude cometido por James sí es perseguido con relativa frecuencia por el Gobierno federal.
En definitiva, aunque probablemente la acusación sea un ajuste de cuentas, el caso en sí apesta menos a persecución política. Resulta difícil además que Letitia James pueda defenderse con éxito argumentando politización después de ser ella quien empezara este enfrentamiento. Otra cosa es que en Nueva York sea muy difícil condenar a un político demócrata y casi imposible perder un caso contra Trump.