Un Tribunal Federal especializado en Comercio Internacional ha bloqueado los aranceles anunciados por Donald Trump en su autoproclamado "Día de la Liberación", y que más bien fue un día de "vivan las caenas". En esa ocasión, Trump impuso un arancel mínimo del 10% a todos los países del mundo, incluidas islas deshabitadas, y aranceles aún mayores para otras naciones, basándose en fórmulas que han sido ampliamente criticadas por su falta de lógica. Este tema ha sido objeto de intensos debates, pero la cuestión de fondo es que la Constitución de Estados Unidos no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles por su cuenta. Esa facultad recae exclusivamente en el Congreso, que posee lo que se conoce como "el poder de la bolsa".
Trump invocó una ley dudosa para justificar su medida
A lo largo de las décadas, especialmente desde los años 70, se han aprobado leyes que permiten al presidente ejercer este poder bajo ciertas condiciones y con limitaciones específicas. Trump, sin embargo, recurrió a una ley raramente utilizada, cuya aplicación para imponer aranceles es dudosa y está destinada a casos de emergencia nacional o amenazas a la seguridad. El tribunal ha dictaminado que esta ley no le da derecho a imponer un arancel general del 10% ni medidas similares a todos los países. Para hacerlo, Trump debería acogerse a otras hipotéticas leyes que se lo permitieran o lograr que el Congreso subiera los aranceles o aprobara una nueva ley para darle ese poder.
La batalla legal por el poder fiscal del presidente
El fallo, emitido por unanimidad por un panel de tres jueces —uno designado por Reagan, otro por Obama y un tercero por el propio Trump—, representa un golpe directo a los planes de Trump. Aunque sus intenciones con los aranceles nunca han quedado del todo claras, parece que los concibe tanto como una herramienta de intimidación en negociaciones internacionales como una medida fiscal para aumentar ingresos. Sin embargo, un presidente no puede subir impuestospor iniciativa propia. De hecho, la Cámara de Representantes ha aprobado una ley, conocida como The Big Beautiful Bill (BBB), que incluye recortes de impuestos, entre otras medidas, y que ahora está en el Senado, un recordatorio de que solo el Congreso tiene la autoridad para aprobar impuestos, y los aranceles son un impuesto.
Los jueces han sido claros: Trump no tiene el derecho legal de imponer estos aranceles de forma unilateral. Es probable que, cuando este caso llegue al Tribunal Supremo, se ratifique esta decisión, ya que la ley invocada por Trump no se ajusta al propósito para el que la ha empleado; tanto es así que ha sido el primero en invocarla para este propósito. Este episodio se inscribe en una tendencia más amplia que parece definir el segundo mandato de Trump: una reconfiguración de las atribuciones dentro de la estructura de gobierno de Estados Unidos. Los tribunales, por ejemplo, parece que le otorgarán mayor capacidad para destituir funcionarios y cargos públicos del Ejecutivo, a pesar de que haya leyes que ponen trabas a tales despidos. La Constitución es clara al establecer que el presidente es el responsable último del poder Ejecutivo y responde ante los ciudadanos, por lo que el Congreso no puede obligarle a delegar poder en funcionarios en los que no confía.
Sin embargo, este mismo principio también limita ciertas acciones del Ejecutivo. Medidas como los aranceles, que Trump y otros presidentes han intentado implementar por su cuenta, se enfrentarán ahora a mayores restricciones. El desenlace de esta "guerra de los aranceles" probablemente no se resolverá en mesas de negociación con otros países, sino en los tribunales, especialmente en el Tribunal Supremo, donde se definirá hasta dónde llegan las atribuciones del presidente en este ámbito.