El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado por una mayoría de 6 a 3 la prohibición del estado de Tennessee a que los menores de edad puedan someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos para cambiar de sexo. Este fallo sienta una importante jurisprudencia para más de una veintena de estados de mayoría republicana que han aprobado regulaciones similares.
El fallo de la mayoría constitucionalista del Tribunal Supremo ha sido escrito por el presidente de la corte, John Roberts, recuerda que el papel de la Corte "no es juzgar la sabiduría, justicia o lógica" de la ley, sino determinar si viola la cláusula sobre protección igualitaria del artículo 14 de la Constitución, que era lo que reclamaban los demandantes. En cambio, el voto particular de la jueza Sonia Sotomayor acusa a sus compañeros de abandonar a los "niños transgénero y a sus familias frente a caprichos políticos". Como es habitual en estos casos cargados de polémica política, la mayoría constitucionalista se limita a aplicar la ley, mientras que los magistrados progresistas juzgan si los resultados les parecen bien o mal personalmente.
El caso comenzó su andadura judicial cuando el juez de distrito Eli Richardson, nominado por Trump, paralizó la aplicación de la ley bajo el argumento de que los tratamientos en cuestión eran "seguros, efectivos y comparables tanto el perfil de riesgo como en eficacia a muchas otras formas de tratamiento pediátrico permitidas en Tennessee". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito revirtió su decisión estimando que la norma no exigía el escrutinio más estricto posible por parte de los tribunales, sino que al estado le basta con probar que existía una "base racional" para dictaminar que la ley defendía un interés legítimo de Gobierno.
El Tribunal Supremo está de acuerdo. Para poder elevar el escrutinio, la ley debería discriminar por sexo, que es lo que alegaban los demandantes, pero el fallo indica que únicamente discrimina por edad y cómo se emplean los tratamientos, dado que la norma permite que los mismos tratamientos hormonales empleados para retrasar la pubertad o iniciar el proceso de cambio de sexo puedan emplearse con otros fines médicos legítimos.
Una vez decidido que debe emplearse el estándar más bajo de escrutinio, el juez Roberts argumenta que "Tennessee determinó que hay un debate entre expertos médicos sobre los riesgos y beneficios de administrar hormonas y bloqueadores de pubertad para tratar la disforia de género" y que la prohibición "responde directamente a esa incertidumbre".
Una creciente polémica médica
Un reciente informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump revisó la literatura médica existente sobre estos tratamientos y encontró pocas pruebas que apoyen las afirmaciones de que mejoran la salud mental de los menores. Este informe se suma a la creciente evidencia tanto en EEUU como en Europa que refuta las afirmaciones de activistas transgénero que insisten en que los tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles son necesarios para menores con problemas de salud mental que se identifican con el género opuesto.
Documentos internos de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), la principal organización médica favorable a estos procedimientos, revelaron el año pasado que eran conscientes de la incapacidad de los menores para comprender plenamente las implicaciones de estos procedimientos irreversibles, contradiciendo su postura pública a favor de emplearlos sin restricciones.
Un número creciente de personas que han revertido su transición de género, conocidas como "destransicionadores", han compartido sus experiencias sobre cómo fueron apresurados a someterse a procedimientos transgénero cuando sufrían problemas de salud mental en la adolescencia, solo para arrepentirse después e intentar volver a su sexo biológico. Algunos de estos destransicionadores han presentado demandas contra los profesionales médicos e instituciones por permitirles someterse a estos tratamientos sin obtener un consentimiento informado.
La jueza Amy Coney-Barrett reconoció en su voto particular favorable a la sentencia la existencia de destransicionadores al describir la falta de una definición clara de lo que es una persona transgénero, dado que las personas comienzan a identificarse como transgénero y, en ocasiones, vuelven después a identificarse con su sexo biológico. Barrett sugirió que la variación en la identidad de género la distingue de características inmutables con las que las personas nacen, como la raza o el sexo.