El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con su mayoría constitucionalista, ha asestado un nuevo golpe al gigante del aborto Planned Parenthood. En una decisión de 6 votos contra 3 firmada por el magistrado Neil Gorsuch, el Alto Tribunal ha permitido, de momento, que los estados puedan retirar la financiación pública del programa Medicaid a la red de clínicas, que cuenta con unos 600 centros en todo el país.
El fallo tiene su origen en una demanda contra el estado de Carolina del Sur, cuyo gobierno republicano buscaba impedir que la organización recibiera fondos de este programa destinado a personas de bajos recursos. La sentencia supone un espaldarazo a los esfuerzos del Partido Republicano por desfinanciar a la organización en los estados donde gobierna y establece principalmente que un beneficiario de Medicaid no puede demandar a los gobiernos estatales para forzar la cobertura de los servicios de Planned Parenthood.
Desde la organización abortista argumentan que los fondos públicos no se destinan a la práctica de abortos, sino a servicios sanitarios como anticonceptivos o pruebas de embarazo. Dado que el dinero que reciben para esos otros servicios libera fondos del presupuesto para emplear en otras partidas, como los abortos, el argumento no tiene mucho peso. Pero en cualquier caso, la decisión no se ha tomado por motivos de fondo, sino por razones de procedimiento.
Para poder demandar a un estado por violar la ley federal, como era el caso, deben responderse varias preguntas formales sobre el derecho de los demandantes a llevar a los tribunales a un estado antes incluso de evaluar los méritos concretos de la demanda en cuestión. En este caso, los jueces argumentan que los beneficiarios de fondos públicos no tienen ese derecho si la ley que los otorga no se lo concede explícitamente, como sí hacen otras normas pero no la que regula Medicaid.
En concreto, el caso giraba en torno a la sección 1983 de una ley de derechos civiles aprobada en 1871, en plena época de la Reconstrucción después de la Guerra de Secesión. Esa norma otorga legitimidad para demandar a un estado a quienes se vean privados por él "de cualquier derecho, privilegio o inmunidad garantizados por la Constitución y las leyes" federales. El fallo del Supremo no considera la percepción de fondos públicos como un "derecho", en línea con anteriores decisiones.
La presidenta de Planned Parenthood en Carolina del Sur, Paige Johnson, ha calificado la decisión de "grave injusticia" y ha acusado al gobernador del estado de "usar como arma el sentimiento contrario al aborto". Por su parte, Henry McMaster, el citado gobernador, ha celebrado que "siete años después de tomar partido por la protección de la inviolabilidad de la vida y la defensa de la autoridad y los valores de Carolina hemos logrado hoy la victoria".
Esta decisión se enmarca en la nueva etapa abierta en Estados Unidos después de que el propio Supremo eliminara en 2022 el supuesto derecho al aborto a nivel nacional, devolviendo la potestad sobre este asunto a los estados. Desde entonces, casi la mitad de los estados han legislado para restringir severamente una práctica que sigue en el centro del debate político y social estadounidense, especialmente desde que en 1973 el Tribunal Supremo de entonces impusiera su visión sobre el aborto a todo el país, impidiendo que el debate se tradujera en distintas propuestas legislativas que terminaran en cierto compromiso entre visiones opuestas, como ha sucedido en Europa, donde las leyes suelen ser mucho más restrictivas que en los Estados Unidos entre 1973 y 2022.