El Senado italiano ha dado luz verde al decreto de seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, por 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. La medida pretende reforzar el orden público y pone en el punto de mira a okupas y manifestantes que bloqueen vías públicas. Con el respaldo de la mayoría gubernamental, la reforma introduce penas severas para delitos que, según el Ejecutivo, amenazan la convivencia y la propiedad privada.
Una de las medidas estrella del decreto es la criminalización de la ocupación ilegal de viviendas, un problema que ha generado indignación entre los propietarios italianos, que han visto como su Gobierno, al contrario que el de Pedro Sánchez, sí se pone de su parte. El nuevo artículo 634-bis del Código Penal castiga la "ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas de 2 a 7 años de prisión. La normativa permite a la policía desalojar de inmediato las viviendas ocupadas, sin necesidad de esperar una orden judicial, un paso que agiliza la devolución de las propiedades a sus legítimos dueños. Si la ocupación se lleva a cabo con violencia, amenazas o armas, las penas se endurecen aún más. Sin embargo, además del palo, la reforma ofrece una zanahoria: los okupas que abandonen voluntariamente en un plazo de 30 días o tras un aviso verían su condena reducida.
Otro pilar del decreto es la persecución de los cortes de carreteras, vías férreas o espacios públicos, una práctica habitual en protestas que el Gobierno considera inaceptable. Bloquear una vía de forma individual será castigado con hasta 2 años de cárcel, mientras que hacerlo en grupo o en el marco de movilizaciones colectivas puede acarrear hasta 6 años de prisión. Las penas se agravan si el bloqueo afecta a obras públicas o infraestructuras estratégicas, con un incremento de hasta un tercio de la condena. Esta medida, que parece inspirada por las reformas de Milei en Argentina que han acabado en la práctica con el movimiento piquetero, pretende poner coto a las protestas de movimientos de izquierdas que han paralizado ciudades italianas en los últimos años.
Entre las novedades, el decreto también introduce sanciones para quienes realicen pintadas o daños en edificios públicos o privados y endurece las sanciones por resistencia a la autoridad durante manifestaciones. Otra medida destacada es la creación de un registro nacional de infractores reincidentes en estos delitos, lo que permitirá a las autoridades identificar y monitorizar a quienes cometan estas conductas de manera habitual. En otro ámbito, permitirá por primera vez que la policía pueda infiltrarse en grupos terroristas y mafiosos.
La oposición la califica de "ley anti Gandhi"
Varios partidos de la oposición, que se manifestaron en contra de este decreto hace unos días, protagonizaron una sentada en la Cámara Alta al grito de "vergüenza", para evidenciar su oposición a una ley que el Ejecutivo ha sacado adelante mediante una cuestión de confianza. Se trata de un mecanismo de uso frecuente para acelerar la aprobación de una norma, ya que evita la discusión de las enmiendas presentadas por la oposición.
Participaron en la protesta senadores del Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS), mientras que la formación del ex primer ministro Matteo Renzi, Italia Viva, se abstuvo de formar parte del paripé. La norma ha sido apodada como ley anti Gandhi por los partidos de oposición, porque a su juicio criminaliza las protestas pacíficas.