Los alegatos de la Fiscalía en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por el casio Vialidad terminaron este lunes, tras un larguísima exposición de hechos, con un más que brillante discurso de Diego Luciani en el que demolió los argumentos del kirchnerismo para exonerar a su lideresa y defendió la importancia de castigar la corrupción y, en este caso concreto, reclamar "una sentencia ejemplar" que puede convertirse en "el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones".
Luciani empezó por criticar a aquellos que defienden que el Poder Judicial no pueda juzgar las actuaciones del Ejecutivo y, sobre todo, al presidente Alberto Fernández, que habló en ese sentido, lo que "debe interpretarse como una injerencia indebida de un poder del estado en otro", aseguró, "es el momento para decirlo".
Según el fiscal, el Estado es efectivamente "la víctima de estos delitos", pero tras afirmar esto hizo una advertencia muy clara: "Cuidado, no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente lo conducen o administran, porque son justamente esos funcionarios que deben velar" porque se cumplan las normas.
En este sentido, recordó que en este caso "fueron los máximos responsables políticos del país quienes la han organizado –en referencia a la organización criminal que hay tras las operaciones, según la Fiscalía–, burlándose de la confianza social de la que eran depositarios".
Jueces y fiscales, "la última esperanza"
Luciani defendió que la sociedad argentina, "indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder" como los que se han visto en este caso, "mira hoy a los fiscales y a los jueces como la última alternativa y esperanza frente a estos atropellos".
Por el contrario, según el fiscal en cierto sector de la sociedad argentina se está promoviendo la opinión "contraria a una democracia constitucional en la que el poder de las mayorías no es absoluto", de que "quién gana las elecciones puede gobernar sin controles ni límites y que el poder judicial no debiera interferir en sus decisiones".
"La misma imputada Cristina Fernández –recordó Luciani– desafió a este tribunal al aseverar que ‘a mí me va a absolver la historia’, pero es el poder Judicial el que absuelve o condena luego de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías".
Y es que "cuando el poder ejecutivo dicta actos excediéndose del marco constitucional, transgrediendo los principios de contratación más elementales o alguna norma consagrada en la norma fundamental (…) el juez debe revisar si ese acto es inconstitucional y, por tanto, también debe revisar si esos actos son antijurídicos" exclamó el fiscal, denunciando que "afirmar que el juez debe hacer otra cosa es ni más ni menos que trastocar el sistema de división de poderes y la jerarquía de las normas".
En este momento Luciani insistió con vehemencia: "Quiero ser muy claro y contundente: los gobernantes deben rendir cuenta de sus acciones, el poder político, los presidentes, sus funcionarios, deben rendir cuentas".
Un camino "nada fácil"
En una parte de su discurso Luciani recordó las dimensiones de la causa, que ha supuesto un total de 130 audiencias con una duración total de más de 600 horas, en la que se ha escuchado a 114 testigos y se ha examinado "cuantiosa documentación que desmenuzamos con mucha prudencia, paciencia, dedicación y objetividad".
Además, ha recordado que "este camino no fue nada fácil" para el equipo de la Fiscalía: "Hemos tenido muchísimas dificultades para llegar a esta instancia", ha recordado, citando entre otras cosas "la brutal campaña de desprestigio" que han sufrido desde que "comenzamos los alegatos con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente".
"Sin embargo, este ministerio Público Fiscal se mantuvo firme en sus convicciones y cumplió destacadamente su rol en busca de la verdad", ha asegurado, animados por "la certeza de que aquí se había avasallado la cláusula constitucional".
"La corrupción no tiene fronteras ideológicas"
Luciani ha lamentado que el caso demuestra que la corrupción sigue siendo un gran problema de Argentina, lo que hace "necesario" que, a partir de estos hechos en los que se "exhibió crudamente la matriz más extraordinaria de corrupción que se haya comprobado en estos 40 años" en el país, "producir una modificación transcendental" en la sociedad.
En este momento llegó uno de los momentos más brillantes del alegato, en el que defendió que la necesidad de luchar contra la corrupción no es o no debe ser un asunto partidista:
"Para que quede claro, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros graves delitos que afectan a los derechos humanos no tiene fronteras ideológicas, no importan quién las cometa, no importa si lo hace un integrante del poder ejecutivo, no importa si lo hace un integrante del poder legislativo, judicial o del ministerio fiscal, da igual que lo haga un integrante de un partido o de otro o de alguien que no integre ninguno, lo único importante es el resguardo de la cosa pública y la defensa de la cosa pública debe ser una política de Estado".
El peso de la corrupción
En su tarea de convencer al Tribunal de la gravedad de los hechos, Luciani ha comentado también el daño que causa la corrupción en un país "donde existen elevados índices de pobreza, de desocupación, personas que no logran cubrir las necesidades básicas", así que estos delitos "tienen una elevada incidencia negativa en la estructura del Estado democrático de Derecho y ciertamente la corrupción provoca un daño inconmensurable".
Más aún si se trata de "gran corrupción" como la que los fiscales han descrito en su largo alegato, que "privó al Estado de recursos de una manera inequitativa: fueron los sectores más pobres, más vulnerables, los que se vieron perjudicados en mayor medida por las consecuencias de estas prácticas nocivas".
"Recursos usufructuados por Lázaro Báez, su entorno y el matrimonio Kirchner y el resto de los imputados –explicó el fiscal–, departamentos, campos, estancias…" que "podrían haberse destinado a paliar la dura situación de muchos habitantes de la Nación"
El Estado, "arrasado"
El fiscal ha recordado de nuevo que "las órdenes veían de los máximos responsables políticos de nuestro país y la estructura las acató durante doce largos años".
Así que "el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados" ha insistido Luciani, recordando que el trabajo de la Fiscalía ha descubierto y descrito "un sinnúmero de arbitrariedades, abusos de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública", todo ello "en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez" y al matrimonio Kirchner, con el que Báez tenía gran cantidad de negocios.
Por todo ello, ha pedido que "este grave caso debe marcar un antes y un después en materia de corrupción pública y en especial en la contratación pública", porque "la corrupción extermina la integridad, las virtudes morales y éticas que deben guiar la conducta de los funcionarios y los particulares".
Además, ha enfatizado que "sin Justicia no hay orden, ni desarrollo sostenible ni paz social, hoy más que nunca la sociedad reclama justicia", una justicia que debe traducirse en "una sentencia ejemplar" que "puede constituir el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones".
Finalmente, antes de las peticiones de pena, aseguró que los fiscales están "convencidos de haber alcanzado la verdad" y que, llegados a ese punto, "le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad está mirando, ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza". Aquí, ha concluido con una vibrante exhortación: "Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia, insisto, es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión".