El gobernador de Santa Cruz (Bolivia), Luis Fernando Camacho, secuestrado el pasado miércoles en un operativo policial absolutamente irregular organizado por el régimen de Luis Arce, tendrá que pasar cuatro meses de prisión preventiva por orden de un tribunal que le acusa de "inflamar" las manifestaciones de 2019 para denunciar el fraude electora de Evo Morales.
El gobernador ha sido trasladado esta madrugada (hora local) a la cárcel de Chonchocoro donde cumplirá los cuatro meses de detención dictados por el juez Sergio Pacheco, según informa El Diario. Por su parte, el Comité Cívico que apoya a Camacho ha comenzado una huelga de 24 horas para protestar por la detención.
El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, ha confirmado que la defensa de Camacho ha presentado dos recursos de libertad, uno en la ciudad de La Paz, ya rechazado, y otro en Santa Cruz, bajo los mismos argumentos, y que está siendo considerado todavía por el tribunal.
También ha explicado que la detención de Camacho se produjo en cumplimiento de una orden fiscal después de que el gobernador rechazase en "reiteradamente" comparecer en el caso por el que también se ha encarcelado a la expresidenta interina Jeanine Añez. "La Fiscalía puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a prestar su declaración", ha asegurado el ministro.
Sin embargo, el ministro miente para justificar la detención. La realidad es que Camacho se presentó a todas las citaciones. La última fue en Santa Cruz pero no le dejaron declarar, ya que siempre se suspendía la vista cuando era el turno de Camacho. En la declración de Santa Cruz acudió junto a su padre, que sí pudo declarar pero cuando llegó el turno de Camacho suspendieron.
Huelga en la mayor región boliviana
Los ciudadanos de Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, han suspendido sus actividades este viernes en protesta por el encarcelamiento de Camacho, y los líderes cívicos cruceños analizan otras medidas para exigir su liberación.
Las calles están desiertas y bloqueadas con neumáticos o banderas. Durante esta primera mitad de la jornada de huelga también ha habido vigilias en las puertas del Tribunal Electoral Departamental y la Dirección General de Migración del distrito. Y el Palacio de Justicia cruceño ha amanecido fuertemente custodiado después de los destrozos registrados en ese edificio el miércoles tras la detención de Camacho.
Según EFE, algunas personas han protestado en las puertas de la oficina regional del Servicio de Impuestos Nacionales con banderas y pancartas con consignas como "La lucha es de todos", "Basta de persecución política", "No fue golpe, fue fraude". Además de la capital regional, el paro también se ha respetado en varias provincias cruceñas y hay bloqueos en las carreteras que conectan al departamento con el resto del país.
Exjefes de Estado repudian la detención "arbitraria"
Veinticinco exjefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica han denunciado la detención "arbitraria" del régimen de Arce contra el opositor y han destacado que incluso los fiscales de la jurisdicción cruceña "se habían negado a ser parte de la persecución política" contra Camacho.
En una declaración, los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) han destacado que la detención de Camacho y su traslado se produjeron "sin que mediase una actuación judicial regular", subrayaron los signatarios de la declaración, quienes instaron a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) a que "realicen las diligencias que con carácter urgente" exige la "detención arbitraria" de Camacho.
"Expresamos nuestra condena por la práctica generalizada de las detenciones preventivas y judicializaciones de opositores políticos", como en el caso del gobernador de Santa Cruz, destacaron.
denunciaron este viernes
"Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, con argumentos jurídicos", ha añadido el titular en rueda de prensa recogida por 'El Deber', antes de resaltar que la aplicación de las normas es la misma para todos los bolivianos, porque "no hay ciudadanos de primera y de segunda".