El gobierno dictatorial de Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo ha eliminado de un plumazo el problema de los más de 200 presos políticos que habían sido encarcelados en los últimos años por oponerse al régimen.
El pasado miércoles dictó una resolución en la que se acordaba la "deportación inmediata" de 222 personas acusadas de cometer actos contra la independencia y la soberanía del país, de "incitar" a la violencia, de perpetrar acciones de "desestabilización económica" o de perjudicar "los intereses supremos" de Nicaragua.
Los deportados han sido considerados "traidores a la patria" e incluso se ha reunido a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución e introducir una enmienda que le arrebata la nacionalidad nicaragüense a todos los deportados, que además también han sido inhabilitados de forma "perpetua" para ocupar cualquier cargo electo en el país.
La medida se ha tomado en el marco de un acuerdo entre el régimen dictatorial de Ortega y Estados Unidos, que se ha ofrecido a 224 presos, aunque dos de ellos lo han rechazado, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. La propia Administración Biden ha fletado un avión para recoger a los 222 deportados.
Sin embargo, el propio Daniel Ortega ha negado este acuerdo: "Qué se habrán imaginado ellos que nos irán a pedir. No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios".
En cambio desde el Gobierno de Estados Unidos se ha destacado que la liberación de estas personas que estaban presas "por ejercer sus libertades fundamentales" y ha asegurado que con ella se "abre la puerta a un mayor diálogo" con el país centroamericano.
En un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken ha calificado el hecho como "un paso constructivo para resolver los abusos de los Derechos Humanos" en Nicaragua.