Muchos años ha esperado Perú para concluir con el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, involucrado en una serie de casos de corrupción durante su gobierno entre 2001 y 2006.
Tras varios intentos para permanecer en California utilizando una serie de mecanismos judiciales, Toledo llegó en la mañana de este domingo a la capital peruana para ser puesto a disposición judicial. Poco después de su llegada al aeropuerto internacional de Lima, Toledo fue llevado al juzgado de la Corte Superior Nacional para confirmar su identidad y comunicarle formalmente los cargos de corrupción que se imputa.
📷#Fotos. Compartimos instantáneas de la audiencia de control de identidad del exmandatario #AlejandroToledo. pic.twitter.com/ApdT64cwHO
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 23, 2023
Posteriormente, y luego de una serie de trámites judiciales, fue llevado en helicóptero hasta un centro penitenciario de la Policía, el mismo que tiene en sus instalaciones al expresidente Alberto Fujimori y también al golpista Pedro Castillo.
🚨| La Junta Técnica de Clasificación del INPE determinó el internamiento del procesado Alejandro Toledo Manrique en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo para cumplir la medida de prisión preventiva de 18 meses. pic.twitter.com/FM9vHpHAAp
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2023
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez declaró a los periodistas tras la diligencia que el proceso contra Toledo "es un caso bastante sólido" y añadió esperar que "el Poder Judicial pueda programar las audiencias de una forma más continua" para pasar a discutir los asuntos de fondo y "presentar la prueba para que vaya a juicio oral". "La expectativa de la Fiscalía es concluir los casos lo más pronto posible, ahora depende del Poder Judicial quien programa las audiencias", anotó.
Su extradición al Perú se debe a un proceso largo pero que apunta a uno de los casos más claros de corrupción dirigida desde el despacho presidencial de Palacio de Gobierno. Se le acusa de recibir un soborno de hasta 31 millones de dólares (unos 28 millones de euros) de Odebrecht –una constructora brasileña involucrada en múltiples casas de corrupción– a cambio de favorecerle en la licitación de un tramo de la carretera Interoceánica durante su mandato.