La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha comenzado este martes a cumplir una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, después de que la Justicia dejara firme la sentencia por delitos de corrupción en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015. Además de la prisión, fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Como parte de las condiciones impuestas por el juez Jorge Gorini, se le colocó una tobillera electrónica, una medida que había sido rechazada por su defensa. "Corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio", dictó el magistrado en su resolución, que también dejó sin efecto la comparecencia judicial que Fernández tenía prevista para este miércoles.
La causa que la llevó a esta situación comenzó en 2008, tomó impulso en 2016 bajo la conducción del juez Julián Ercolini, y culminó con una sentencia del Tribunal Oral Federal en diciembre de 2022, ratificada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024. Finalmente, la Corte Suprema revisó el expediente la semana pasada y confirmó el proceso sin hallar violaciones a las garantías constitucionales.
El caso fue uno de los más extensos y complejos en la historia judicial reciente del país, con la intervención de al menos 16 magistrados y fiscales a lo largo del proceso, incluyendo al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Todos coincidieron en encontrar culpable a Fernández por defraudación contra la administración pública, un delito calificado como corrupción federal.
Los hechos juzgados involucran 51 licitaciones para obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo durante más de dos décadas. La justicia determinó que se manipuló el aparato estatal para fines personales, beneficiando económicamente a allegados políticos y empresarios vinculados al matrimonio Kirchner.
Los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, habían solicitado prisión efectiva. La decisión del juez Gorini de conceder el arresto domiciliario con monitoreo electrónico fue interpretada como una medida intermedia.
"Persecución judicial"
En los últimos días, Cristina Fernández calificó su situación como parte de una persecución judicial y política. Ha denunciado una estrategia de "lawfare" y afirmó: "Me quieren presa o muerta, pero no van a evitar que el pueblo vuelva". Se ha comparado incluso con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien también fue condenado y encarcelado antes de volver al poder. El propio Lula se comunicó con ella recientemente para expresarle su apoyo.
Mientras tanto, sectores del peronismo preparan una movilización en respaldo a la exmandataria. El futuro liderazgo del movimiento aún es incierto, y no está claro si Fernández de Kirchner intentará continuar influyendo desde su situación actual.