La juez 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, dio a conocer este lunes el veredicto del proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, considerado culpable por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal en el marco de un caso que se remonta a 2012.
En una audiencia de más de diez horas, Heredia señaló que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un "fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal". La sentencia se leerá el próximo 1 de agosto: la juez anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de "un monto superior a cuatro años e inferior a ocho", aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la jornada su "gallardía y cordialidad", "se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión".
La sentencia ha provocado una oleada de reacciones en Colombia y también fuera de sus fronteras. La senadora de Centro Democrático, el partido de Uribe, y precandidata para las elecciones presidenciales de 2026 Paloma Valencia, ha tachado el fallo como "una venganza" y "un ataque", alegando a través de un vídeo difundido en redes sociales que "Petro le tiene miedo a Uribe". El propio partido ha emitido un comunicado expresando "nuestra tristeza y dolor por el sentido del fallo" y reafirmando su "convicción sobre la inocencia del expresidente".
Mientras, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia ha pedido a través de un comunicado difundido este mismo lunes a las autoridades del país que proporcione "las medidas de protección que se requieran" a fin de "garantizar a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones". También ha expresado "su solidaridad y apoyo" llamando "a respetar el ejercicio funcional" de la magistrada.
En EEUU, el secretario de Estado Marco Rubio ha alertado de una posible "instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales": "La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", ha lamentado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha defendido que "el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria".
Desde el Gobierno de Gustavo Petro, la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, ha rechazado estas declaraciones denunciando que "su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia". El propio Pedro ha respondido que "el mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo".
El comenzó en 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado, el magistrado José Luis Barceló, que estudió el caso, no abrió investigación contra el congresista, sino que inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.