El pasado 15 de septiembre, la ONG Prisoners Defenders destapó que unos 60.000 presos en Cuba están siendo sometidos a trabajos forzosos por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Se trata de mano de obra esclava para producir carbón, tabaco y caña que se exporta a Europa.
Cientos de reclusos —incluidos presos políticos— están siendo obligados a fabricar cigarros puros destinados a la exportación, en condiciones que vulneran gravemente los derechos humanos.
La denuncia, respaldada por un informe exhaustivo de Prisoners Defenders, ha sido confirmada oficialmente por las propias empresas implicadas: Tabacuba, empresa estatal cubana encargada de la producción de tabaco, y Habanos S.A., responsable de la comercialización internacional de los puros habanos.
En una declaración enviada al medio especializado Halfwheel, Habanos S.A. ha reconocido que Tabacuba ha admitido la existencia de instalaciones penitenciarias "con capacidad de producción" para la manufactura de puros cubanos, y que dicha producción está "destinada a la exportación".
"El objetivo principal de este plan es brindar capacitación profesional a este grupo de reclusos, facilitando su futura inserción laboral". Según la declaración, se trata de programas "voluntarios", con incentivos y beneficios penitenciarios, en instalaciones que disponen de los mismos recursos y estándares de calidad que cualquier fábrica de tabacos en la isla.
La ONG presidida por Javier Larrondo, sostiene, sin embargo, que dicho trabajo es forzado, y subraya que es ilegal vincular el trabajo con beneficios penitenciarios.
La empresa de tabaco hispano-cubana Habanos asegura que la producción en estos centros penitenciarios es "simbólica" y que el propósito esencial es la enseñanza de un oficio artesanal que forma parte de la tradición cubana.
Las fábricas de tabaco dentro del sistema penitenciario operan en centros como Aguacate (Quivicán), Guamajal (Villa Clara), Cuba Sí (Holguín), El Pre de Angola (Artemisa), Combinado del Este (La Habana) y Boniato (Santiago de Cuba). En estas prisiones, los internos trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, seis días a la semana, por salarios que no superan los 3.000 pesos cubanos al mes (menos de ocho dólares), mientras que los civiles que supervisan la producción ganan diez veces más.
Este reconocimiento confirma lo documentado por Prisoners Defenders a través de más de 170 testimonios recogidos en múltiples cárceles del país. En la Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, se producen cigarros puros para la exportación mediante el intercambio de "beneficios penitenciarios", violando la legislación internacional vigente.
Según los testimonios de expresos recopilados por la organización, si se accede a elaborar los puros se les permite llamar a familiares o recibir visitas. En caso de negarse, la "privación de libertad subsidiada por trabajo correccional con o sin internamiento se convertirá en privación de libertad en una prisión de máxima seguridad". El trabajo carcelario al servicio de la exportación comercial se considera trabajo forzoso, prohibido bajo el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Prisoners Defenders responsabiliza tanto al régimen cubano como a las empresas europeas que participan en este comercio. La ONG insta a la Unión Europea a aplicar sus propias leyes que prohíben importar y comercializar productos provenientes del trabajo esclavo.