El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido arrestado este sábado en Brasilia como medida preventiva en medio de su proceso judicial. La detención se produce tras constatarse que se había quitado la tobillera de localización y ante el riesgo de una posible fuga, según ha confirmado la Superintendencia de la Policía Federal.
El cuerpo policial ejecutó la orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal. Según el comunicado, la "organización criminal" vinculada al exmandatario habría elaborado un plan utilizando técnicas militares para garantizar su evasión, aprovechando el tumulto generado por simpatizantes en los alrededores de su residencia.
Esta actuación no supone el inicio del cumplimiento de la condena de casi 30 años por la trama golpista, sino una medida cautelar ante la situación de riesgo para el orden público. El tiempo que pase ahora en prisión no será restado de su sentencia final.
La tensión aumentó tras la convocatoria de una vigilia por parte de uno de sus hijos, Flávio Bolsonaro, quien invocó al "Señor de los Ejércitos" en redes sociales. La concentración estaba prevista para este mismo sábado en el Jardín Botánico de Brasilia.
La intervención, avalada por el juez Alexandre de Moraes, se precipitó tras detectarse una violación del equipo de seguimiento electrónico a las 00:08 horas. El objetivo era evitar que la confusión causada por la manifestación facilitara la huida del reo.
Además, el documento policial destaca la proximidad de la residencia de Bolsonaro a la Embajada de Estados Unidos, situada a apenas 15 minutos en coche, como un indicativo de un posible intento de buscar asilo para eludir el ingreso en prisión.
La defensa había solicitado el arresto domiciliario por motivos humanitarios, pero el Tribunal Supremo Federal ha decidido finalmente su entrada en prisión preventiva.
Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de cárcel por delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho y organización criminal, tras intentar perpetuarse en el poder.
Su sentencia incluye además una inhabilitación política que se extendería hasta ocho años después del cumplimiento de la pena, lo que le mantendría alejado de la vida pública hasta el año 2060.