Si el atentado del once de septiembre hubiese supuesto el asesinato de un porcentaje de estadounidenses similar al tanto por ciento de israelíes a los que Hamás asesinó el siete de octubre de 2023, hubiese tenido no 3.000 víctimas directas, sino cerca de 40.000. Esta cifra nos da una idea de la monstruosidad que fue el 7-O, pero además de eso, conviene tener en cuenta que lo cuantitativo no es suficiente para calibrar la magnitud de este crimen: la crueldad, las violaciones, las torturas, la voluntad deliberada no sólo de matar sino de infringir dolor y humillación a las víctimas son un elemento esencial para considerar este como el peor atentado de la historia.
Y hay que tener en cuenta aspectos simbólicos de lo ocurrido: en pleno siglo XXI Hamás llevó a cabo un pogromo como los peores de la Edad Media, algo que no puede dejar de tener un impacto dramático en una sociedad como la israelí, cuyo recuerdo del horror es tan persistente, tan antiguo y al mismo tiempo tan cercano.
Sin embargo, pese a todo esto, la comunidad internacional y los medios de comunicación en casi todo el mundo no han querido reconocer la magnitud del hecho y que, por tanto, la reacción de Israel es perfectamente comprensible y, sobre todo, lógica y racional. Ni Israel ni ningún estado pueden permitirse tener junto a sus fronteras organizaciones capaces de llevar a cabo barbaridades así, por lo tanto no sólo tiene el derecho sino que tiene la obligación de emprender las campañas militares contra Hamás, Hezbolá y, si es el caso, también contra Irán.
Si algo da sentido a la existencia de los Estados, y más todavía en el caso del Estado de Israel, es la obligación de defender a sus ciudadanos. Y eso es exactamente lo que Israel está haciendo.