Domingo ha criticado "la alarma social" generada por la Policía con su información sobre esta operación y ha añadido que "sólo el Juez" puede sentenciar qué es ilícito o no, pero nunca la Policía, ni la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ni un ministro.
Según ha explicado, las páginas bloqueadas no ofrecen más que "links" o enlaces a sitios y a redes de intercambio de datos, pero no ofrecen "ni trafican" contenidos de ningún tipo, y por tanto, ha recalcado, será el juez quien tendrá que determinar si los ingresos por publicidad de estas páginas implican actividad delictiva.
El presidente de la Asociación de Internautas acusó además a la Policía de facilitar información prácticamente imposible de confirmar sobre volumen de descargas ilegales en este país de intercambio de archivos, e invitó al cuerpo policial a demostrar sus cifras para verificar su rigor.
Las páginas bloqueadas ofrecen sólo enlaces dirigidos al intercambio de archivos y no todos protegidos por derecho de autor, pero tendrá que ser el juez quien decida si eso es o no delito, insistió Domingo.