La AI considera que la citada sentencia "ignora" la normativa española y europea vigente sobre prestación de servicios de internet, al entender que únicamente actuó como alojador de los subdominios sin "ser responsables" de la información almacenada. "Compartir ideas no implica forzosamente compartir la forma de expresarlas, y hemos de decir en todo caso que la Asociación de Internautas no utiliza expresiones injuriosas en la manifestación libre de sus opiniones", explica en la denuncia.
Así, recuerdan que la decisión del Tribunal Supremo podría conllevar sanciones para otras páginas web e incluso medios de comunicación porque cualquier "información podrá ser ahora denunciada por cualquiera".
Además, en su escrito reiteran que la legislación vigente en España y en Europa "fue también ignorada por los demandantes" al acusar, no a quien edita y publica los contenidos, sino a quien los soporta. "Es como si al mandar una carta con insultos y amenazas, el responsable de las mismas fuese el servicio de Correos por llevar la carta y no quien la escribe", matizan.
La Asociación de Internautas aclara también que impidió el acceso a los "contenidos controvertidos" en cuanto le comunicaron la existencia de una denuncia, y avisó a la Plataforma de que se había iniciado un procedimiento, tal y como reconoce la propia sentencia, según su versión.
Los internautas iniciaron una campaña de recaudación de dinero para pagar la multa y, a día de hoy, la cantidad recogida asciende a 25.500 euros, según el presidente de AI, Víctor Domingo.