Malos síntomas

El acuerdo de fusión de Iberdrola con Endesa y las tribulaciones de Repsol sobre si lanzar o no una OPA sobre la eléctrica vasca reflejan algunas fallas importantes en los procesos de toma de decisiones de las compañías y también un inquietante condicionamiento de las estrategias empresariales por parte de las acciones u omisiones del gobierno. De entrada resulta lamentable que la integración de las dos grandes eléctricas se haya producido, caso de Iberdrola, por una escasa mayoría y por parte de un Consejo de Administración que representa además una minoría de su capital social. El divorcio entre los órganos de dirección de las empresas y sus dueños, los accionistas, se traduce de manera tradicional en una primacía de los intereses de los primeros sobre los de los segundos.

En una economía de mercado, esa asimetría se corrige con la existencia de un mercado de capitales eficiente que a través de las OPAS garantiza los derechos de los accionistas, pequeños y grandes, frente a las medidas de los directivos si éstas les perjudican. En España, este mecanismo de control no sólo está mediatizado por una legislación sobre ofertas públicas de adquisición que prima los intereses de los gestores sobre los de los accionistas, sino también por un extraño y singular maridaje entre las compañías y el gobierno. Sí es verdad que Repsol ha renunciado a lanzar una OPA sobre Iberdrola por carecer de respaldo gubernamental, eso es muy grave, ya que una empresa no tiene porqué consultar ese tipo de actuaciones al gobierno y éste no debe intervenir en esas decisiones.

Es curioso que en la España de las liberalizaciones comiencen a florecer tics neointervencionistas que son incompatibles con el buen funcionamiento de una economía de mercado. Cuando una empresa pide permiso al gobierno para adoptar iniciativas que le son propias, la situación es preocupante. Cuando un gobierno entra en ese juego, el precedente es nefasto y las señales que se envían a los mercados muy malas.

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