El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó con severísimas condiciones la fusión entre las dos principales eléctricas españolas. Tendrán que subastar en un máximo de 14 meses los activos de los que se ven obligados a desprenderse y no podrán superar el 42 por ciento de cuota de mercado en generación (el actual tamaño de Endesa), el 48 por ciento en distribución y el 40 por ciento en comercialización. Además, obliga a las dos firmas a transmitir los Costes de Transición a la Competencia (CTC) con las instalaciones de generación que vendan y, en caso de aflorar plusvalías en la venta de estos activos, reducir los correspondientes CTC pendientes de cobro.
Estos serán los nudos gordianos en las reuniones del lunes: La renuncia a los CTC supondrá, aproximadamente, 900.000 millones pesetas menos para ambas empresas y el plazo para realizar las desinversiones es demasiado corto. Los problemas también afectan al accionariado de las dos sociedades eléctricas. El propio BBVA ha señalado que no fijará su posición hasta conocer con detalle el dictamen del Gobierno. De salir adelante la operación y contar con la anuencia del BBVA, el gigante financiero se convertiría en el primer accionista de la compañía resultante --tendría un 5%--, aunque su presencia chocaría con los intereses que también tiene en Repsol.
Pese a estas exigencias, tanto la cúpula de Endesa como de Iberdrola han pedido al BBVA que sea el socio de control de la nueva eléctrica. Sin embargo, el Gobierno podría forzar a la entidad a optar entre el nuevo gigante o Telefónica y Repsol, ya que Endesa es promotora de Auna, el grupo de Telecomunicaciones que intenta arrebatar cuota de mercado a la operadora que hoy preside César Alierta y cuyo principal accionista de referencia es, precisamente, el BBVA.
La telaraña de participaciones cruzadas preocupa al Gobierno que, por ley, puede imponerles más límites. Además, el BBVA posee por su porcentaje en Repsol el 2,7% de Endesa y el 9,6% de Iberdrola. Mientras, Endesa está en Auna, el holding de Retevisión y Amena, y el BBVA tiene un 6,8% de Telefónica, operadora donde coincide con La Caixa (que a su vez posee un 15% de Repsol).
Si la operación se aprueba, ambas empresas tendrán diez días --a contar desde el sábado-- para presentar un plan de Actuaciones y Desinversión de Activos ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), que dispondrá de dos meses para aprobarlo. Si el SDC aprueba el citado plan, las dos eléctricas tendrán un mes para presentar una propuesta sobre la división en lotes de los activos a desinvertir que se sacarán a subasta.
A partir de la recepción de esta propuesta, el SDC tendrá dos meses para aprobar los paquetes a subastar y los pliegos de la subasta definitivos. Sin embargo, el Gobierno ha reconocido que la empresa resultante podrá quedarse con los activos que no encuentren comprador, lo que podría suavizar la propuesta del Gobierno y facilitar su aprobación por parte de los accionistas.