Tim Harford, autor del libro El economista camuflado, escribe una columna en el Financial Times en la que resuelve problemas de los lectores usando la lógica económica. Recientemente le preguntaban sobre cómo ocho amigos que se mudaban a un piso podrían repartirse en ocho habitaciones diferentes de la manera más justa. Harford proponía que se realizara una subasta, empezando por el cuarto más grande, en la que se utilizara como puja la porción del alquiler que cada uno estaba dispuesto a pagar por ocupar esa habitación. Así, el que diera más valor a la mejor habitación acabaría adjudicándosela a cambio de pagar más que el resto. Tras subastarse todas las habitaciones podría darse que el que se quede la peor habitación termine por no pagar alquiler, que estaría cubierto con la contribución de los demás. O, incluso, cobrando el sobrante si las pujas han sido lo suficientemente altas.
La subasta es una herramienta que suele apasionar a los economistas, ya que son capaces de revelar información que subyace camuflada bajo la realidad. Permiten averiguar el valor que cada persona da a las cosas con gran exactitud, como sucede en el experimento de Harford. Mediante este mecanismo, los ocho amigos se ordenan automáticamente según el valor que le dé cada uno a cada habitación, ajustando los pagos a las preferencias.
Algo similar sucede desde hace tiempo en el Parlamento. Cuando el PSOE, que es grupo mayoritario, quiere sacar adelante una votación, lo que hace es abrir una subasta. En las reuniones previas a un Pleno, el partido en el Gobierno va haciendo pujas por los votos necesarios para aprobar cualquier ley. Las grandes virtudes del mecanismo de las subastas, en este caso, se desvanecen. Principalmente por dos motivos. Primero porque las pujas no se hacen con su dinero, sino con el nuestro. Y segundo, porque no se están vendiendo bienes privados, sino que se están votando las leyes que se aplicarán a todos los ciudadanos. De esa forma lo que se logra es que aprueben las leyes diputados que en realidad no están de acuerdo con ellas.
Recientemente el PNV y Coalición Canaria se han alineado con el PSOE para aprobar la ley de Presupuestos 2010. Lo curioso es que han admitido que esta ley, que probablemente sea la más importante que se aprueba cada año, es lo contrario de lo que necesita la economía española. Es como inyectar más veneno a un envenenado. Pero al Gobierno no le importa, porque han sido los mejores postores. El precio de adjudicación ha sido, en total, de 125 millones de euros. El PNV, que aporta 6 diputados, se ha llevado 85 millones disfrazados de inversiones y transferencias. Es decir, 14 millones por diputado prestado. Coalición Canaria da dos votos, a 20 millones de euros la unidad, lo que suma 40 millones que se apunta en su haber.
Muchos dirán que estos son gastos necesarios para los ciudadanos. Pero en realidad es una transferencia que no se habría hecho si no le hubieran faltado diputados al PSOE. Las inversiones que no son previstas, ni estudiadas, ni respaldadas por una planificación, y que además son una contraprestación por un apoyo puntual en el Congreso, en realidad no son una inversión, sino un despilfarro. Es una cesión de dinero público para que el PSOE pueda respirar durante algunos días más. Lo más duro para los ciudadanos que aún confían en darle la vuelta a esta situación económica es ver cómo el Parlamento gasta dinero público en aprobar subidas de impuestos argumentando que en las arcas no queda ni un duro.
Como en el reparto de habitaciones que explicaba Harford, la subasta de votos en el Parlamento también saca a flote información que se oculta bajo la realidad. Sabemos que el valor que tiene para el PNV y CC el devenir de la economía española es lo bastante bajo como para cambiarlo por unas migajas. Y sobre todo que para el PSOE, y para prácticamente todos los políticos, la democracia y la libertad tienen un precio tan bajo que diariamente queda en entredicho.