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El copago es sólo un parche

La solución es privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios

Crister dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 12:18:

Extraordinario artículo, Don Manuel. El último párrafo debería ser portada de todos los diarios.
No obstante muchos estamos cada día más hartos de que se meta siempre en el mismo saco a la sanidad y a la educación. La educación pública secundaria y universitaria gratuita es una anomalía absoluta. No así la sanidad a la que todo español debería tener acceso gratuito. Sanidad gratuita pero gestionada privadamente es perfectamente soportable por el estado si éste lleva a cabo la reducción drástica del gasto público en todas las demás áreas en que está derrochando.

JoseARui dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 11:45:

Manuel LLamas ¿Por qué no te callas? Hasta para los liberales lectores de este digital resultas excesivo. ¿Volvemos al liberalismo criminal del XIX? Porque esa es la vía más rápida para que vuelvan el comunismo o el fascismo.

et_rusk dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 10:35:

Obviamente tiene toda la razón. Lo que pasa que en este caso la Partitocracia pierde el poder y dinero. Desaparece una herramienta para asustar a la gente, desaparecen de sus manos miles de millones con las cuales puede comprar los votos.

HastLosH dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 10:26:

A mi no me importa que sea el Estado quien gestione esos servicios, mientras LO HAGA BIEN.

La sanidad y educación públicas pueden ser de gran calidad y hay países que sirven de ejemplo.

El problema es que en España todo acabará siendo privado simplemente por miedo a los gestores públicos, que rompen todo lo que tocan.

Pero aunque hagamos todo privado, el problema sigue ahí: nuestros gestores. Antes, muchas cosas eran públicas y funcionaban. Que alguien me explique qué ha cambiado.

jluispar dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 09:47:

El sistema público de pensiones y asistencia sanitaria es perfectamente sostenible: Si no basta con cotizaciones, se puede recurrir a aportaciones estatales. Lo que no se puede sostener es la estructura de poderes local, autonómico y estatal que tenemos en España. El copago en la prestación farmacéutica ya existe para los activos, pese a que cotizamos por la asistencia sanitaria todos los meses. El problema es que a partir de 1986 esa asistencia se universalizó y ahora se presta sin control tanto a pensionistas europeos que viene a operarse como a familiares de inmigrantes que han llegado en masa y consumen recursos sin haber aportado nada más que unos pocos meses de cotización con base mínima. Ahora cuando implanten el copago, pagaremos los de siempre y ésos, a los que me refiero, seguirán sin pagar. No señor. Lo que interesa aquí es dar negocio a los seguros privados que tienen sus voceros, como Vd.
El sistema que propone el autor, además no funcionaría porque la gente no detrae voluntariamente rentas para cubrir contingencias futuras. Eso se sabe por experiencia. Por lo tanto hay que obligar a cotizar. Por cierto ¿Dónde quedarían los derechos adquiridos de quienes ya hemos venido haciéndolo durante toda una vida profesional?

Amagi24 dijo el día 20 de Marzo de 2012 a las 01:45:

Estoy de acuerdo en los estragos del despilfarro público financiado en los euros de la burbuja crediticia por la irresponsabilidad de los políticos que los creyeron indefinidos, pero, aunque probablemente fuera por interés electoral, no llamaría “exceso” a las pensiones no contributivas, hoy de 358 euros mensuales, cuando se han “saneado” bancos con miles de millones de euros.

“El Estado del Bienestar es una fórmula de expropiación similar al comunista”, frase que recuerda la réplica de Bismarck a las críticas de las leyes sociales: “llámenlas socialistas o como quieran, me es lo mismo”; pero hacia 1879 Bismarck pasó del laissez faire al wohlfahrtsstaat no por ser comunista (el Partido socialista de los trabajadores alemanes estaba ilegalizado) sino porque comprendió las limitaciones del mercado autorregulado aprobando leyes sobre los accidentes de trabajo, seguros de enfermedad, invalidez y vejez. En España el gobierno de Franco puso en marcha el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942) financiado con las contribuciones obligatorias de empresarios y trabajadores (no con presupuestos) llegando a cubrir al 50% de la población en 1947; esas contribuciones “coactivas” lograron, por ejemplo, gran disminución de la mortalidad infantil. En 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad la cobertura de la Seguridad Social llegó al 97% de los españoles. Si esto se logró en 1942, en una país empobrecido y en 1986 con crisis económica no sería tan extraño que hoy exista alguna alternativa al modelo que no eche por tierra los esfuerzos de las generaciones pasadas (por ejemplo, devolver las competencias al estado central para facilitar economías de escala). No creo que la solución sea “privatizar al 100% y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles el coste" ya que, además de la propia, también pagaríamos a las empresas oferentes de sanidad, educación y pensiones por la atención de los insolventes; demasiadas renuncias para repagos similares.

Saludos.

loboe dijo el día 19 de Marzo de 2012 a las 23:28:

[sigue]

Creo que todos los que tengan alguna experiencia empresarial, estarán conmigo en que el secreto por el que las empresas privadas son generalmente eficientes no está en la composición de su accionariado, sino en sus métodos de dirección. Que a grandes rasgos, podríamos resumir en que "hay un doliente" al que le interesa que las cosas funcionen.

Creo que también estarán ustedes de acuerdo en que el secreto por el que las empresas públicas son ineficientes y deficitarias, residen en último extremo en que son como cortijos sin amo en el que además, sus empleados tienen garantizado el puesto de por vida.

Me ofrecería a hacer un experimento: dirigir un gran hospital de titularidad pública con el mismo presupuesto anual que maneja actualmente, pero con una condición: la contratación y el despido de los profesionales que trabajaran en él quedaría a mi discresión. Les aseguro que sería facilísimo demostrar que el problema no está en la titularidad o en que el objetivo último no sea proporcionar beneficios pecuniarios.

Ambos asuntos, Sanidad y Educación, son lo suficientemente importantes como para que hagamos un diagnóstico exacto de su problemática y no nos dejemos arrastrar por soluciones simplistas, y conste que no niego la posibilidad o conveniencia de que coexistan instituciones de titularidad pública y privada. Pero no hagamos jugar a las empresas púbicas con una mano atada a la espalda. O por decirlo con otras palabras: no permitamos que estén dirigidas por funcionarios adocenados y sindicalistas corruptos como hasta ahora.

Salu2.

loboe dijo el día 19 de Marzo de 2012 a las 23:28:

El Sr. Llamas aborda con valentía dos de los problemas más importantes que aquejan al mal llamado Estado del Bienestar. Pero en honor a la verdad y a pesar de considerarme un liberal acérrimo, me gustaría sacar a la palestra su afirmación "la solución es otra: privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, entre otras prestaciones".

Conste que no es que esté en contra de los planteamientos propuestos, pero esa afirmación me parece demasiado categórica, en el sentido de que parece indicar que se trata de la *única posible* y creo que debería ser objeto de un debate más meditado porque esconde el nudo gordiano de la cuestión, y me refiero a si existen razones objetivas por las que una *empresa* de titularidad pública deba forzosamente ser menos eficiente que una de titularidad privada.

Observen que he utilizado deliberadamente la denominación "empresa" para referirme a la entidad que proporcionaría esos servicios educativos o sanitarios, porque la consideración es capital para nuestros propósitos.

Todos por aquí sabemos que el fin último de la empresa privada es ganar dinero para sus accionistas, mientras que la empresa a la que me refiero, sería exactamente igual que una privada, con solo dos excepciones: que su titularidad sería pública -su único accionista sería el Estado- y que su objetivo no sería ganar dinero, sino proporcionar los mejores servicios con un determinado presupuesto.

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