Yolanda Díaz cuelga de un hilo en el Gobierno y en su partido. Y ha buscado la forma de parecer útil al radicalismo sindicalista. Su plan pasa por un nuevo encarecimiento del despido improcedente de forma que se convierta en totalmente "disuasorio".
Su plan figura en un documento registrado en el Congreso y reclama la adopción de las "medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT".
¿Y cómo se alcanzaría ese supuesto cumplimiento internacional? Pues, según Sumar, "regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa". Un despido improcedente prohibitivo por su elevad coste. Sumar señala que el "despido puede tener consecuencias devastadoras para la persona trabajadora y su familia, y no sólo a nivel económico, sino también emocional.
Estas consecuencias negativas son peores en caso de que el despido sea injustificado". Y "esta es una de las razones, la primera, por humana y social, por las que la cuantía de la indemnización por despido improcedente debería reflejar el daño real y tangible causado a la persona trabajadora como resultado de la pérdida de su empleo".
Sumar asegura que, "por otro lado, la existencia de una indemnización que funcione como mecanismo realmente disuasorio del despido sin causa es necesaria para eliminar determinadas distorsiones en las relaciones de trabajo, que resultan especialmente perniciosas para las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en el tejido productivo de España". Y que, "de hecho, que la cuantía indemnizatoria del despido no tenga en cuenta la cifra de negocios de la empresa, su tamaño u otras circunstancias similares, contribuye a deformar el equilibrio competitivo y a promover prácticas mercantiles injustas socialmente". Traducido: que si la empresa es más grande debería pagar más.
Las empresas más grandes o con mayores recursos financieros que deciden despedir de manera injustificada no enfrentan proporcionalmente las mismas consecuencias económicas que las más pequeñas. Esto crea un entorno desigual y puede fomentar prácticas de dumping social que resultan poco rentables para la economía en su conjunto, al conducir a las empresas a pensar las ventajas competitivas en términos de precariedad laboral, en lugar de hacerlo en materia de innovación, formación o internacionalización", afirma el partido de Yolanda Díaz.
Sumar quiere un "enfoque más restaurativo" que busque "compensar adecuadamente a las personas afectadas por el despido, así como disuadir a las empresas de realizar despidos injustificados. Además, se basa en el principio de equidad y justicia, al considerar las circunstancias individuales de cada caso". "Resulta necesaria, así, una revisión de la legislación española, que debería ser impulsada por el Gobierno de la mano del dialogo social", concluye el partido de Yolanda Díaz.