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Nuevo golpe de Sánchez a Ayuso y los propietarios: planea usar el TC para atacar los alquileres en regiones del PP

PSOE busca controlar precios de alquiler en regiones del PP usando el Tribunal Constitucional.

PSOE busca controlar precios de alquiler en regiones del PP usando el Tribunal Constitucional.
EFE

Nueva fase en el ataque de Pedro Sánchez a Díaz Ayuso. El PSOE ya planea usar el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido para pisotear la capacidad de legislación autonómica y controlar los alquileres particulares de viviendas.

Un documento del PSOE recoge abiertamente los siguientes objetivos. El primero "solicita al conjunto de administraciones públicas e instituciones, en ejecución y con respeto a sus competencias, a tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello las normas y planes específicos de vivienda que contemplen, en los diferentes ámbitos y escalas institucionales, las medida eficaces y ambiciosas que hagan frente a la situación de emergencia social que sufren muchas personas, especialmente aquellas con mayores necesidades económicas, asegurándose el derecho subjetivo de acceso a una vivienda asequible y digna". Evidentemente el PSOE se refiere a imponer su política.

El segundo da un paso más agresivo: "Tras la reciente Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional avalando el grueso del articulado de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, especialmente lo estipulado en su artículo 18, se insta al conjunto de Administraciones Públicas competentes a, adoptar medidas urgentes para declarar, sin más dilación, las correspondientes zonas de mercado residencial tensionados en sus respectivos ámbitos territoriales a fin de que los y las ciudadanos de nuestro país puedan beneficiarse de la aplicación del índice de Precios de Referencia en los precios de alquiler". Esas políticas han logrado un desplome del número de pisos en el mercado en alquiler de más de un 30%, disparando obviamente el precio de los alquileres al reducir la oferta de vivienda en arrendamiento.

Pero lo más relevante es esa invocación de una sentencia del TC porque ello implica el convencimiento por parte del PSOE de que tienen base de desarrollo constitucional para exigir la política mencionada en los territorios en los que, aprovechando el marco legal, no se haya decidido aplicar la política de control público de los precios de los alquileres.

Así, la mención de la "Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional avalando el grueso del articulado de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, especialmente lo estipulado en su artículo 18", se convierte en el primer aviso del deseo del PSOE de usar la capacidad del TC para instar "al conjunto de Administraciones Públicas competentes a, adoptar medidas urgentes para declarar, sin más dilación, las correspondientes zonas de mercado residencial tensionados en sus respectivos ámbitos territoriales", cono destaca el documento.

El tercer punto, por último, reclama "intensificar el trabajo conjunto con la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco para que se atienda por las Haciendas Forales a la petición de los datos obrantes en su poder para dar cumplimiento a la publicación de los índices de precios en el menor plazo de tiempo posible".

El detalle del texto del PSOE remarca este plan: "Las fuerzas políticas conservadoras —por sí mismas o u gobiernos autonómicos— por tanto, se han negado, por activa y por pasiva, a contribuir desde el acuerdo y consenso institucional al cumplimiento de los derechos constitucionales recogidos en la Ley de Vivienda, en cuanto al acceso a una vivienda asequible, usando los recursos constitucionales para no cumplir o dilatar con sus obligaciones legales establecidas, entre otros en el artículo 18 de la Ley de Vivienda". Es más, el PSOE considera que se "han usado los recursos interpuestos frente a la Ley de Vivienda para argumentar políticamente el rechazo a las iniciativas parlamentarias y gubernamentales que persiguen el cumplimiento de este y otros artículos de la Ley de Vivienda". Y el partido de Sánchez considera que "el Tribunal Constitucional avala en la Sentencia dictada el ejercicio por el Estado de la potestad que le confiere el art. 149.1.1 de la CE para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

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