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Extremadura gasta 347.000 euros para controlar ciervos y jabalís en Monfragüe después de que el PSOE prohibiese la caza

Los cazadores extremeños denuncian que la medida "sólo provocará una masacre".

Los cazadores extremeños denuncian que la medida "sólo provocará una masacre".
Pixabay/CC/rainhard2

Las poblaciones de ciervos y jabalíes del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) están descontroladas y suponen un peligro sanitario para el ganado ya que se ha detectado que un gran número de ellos padecen tuberculosis. La Junta de Extremadura, que prohibió la caza en esta área en noviembre de 2020 bajo la presidencia del socialista Fernández Vara, tendrá que pagar 347.305 euros a la empresa pública Transformación Agraria S.A. (Tragsa) para que solucione el problema. Los cazadores denuncian que la medida "sólo provocará una masacre" debido al uso de jaulas y cercones capturaderos.

Los estudios realizados por la propia Junta sobre el estado sanitario de la fauna de ungulados en este espacio protegido han puesto de manifiesto la "necesidad de control de estas poblaciones, debido a la detección de una alta seroprevalencia de tuberculosis en jabalíes y ciervos", según explicó la propia Junta en un comunicado.

La tuberculosis animal (contagiosa para otros animales pero raramente peligrosa para los humanos en los países desarrollados) puede suponer enormes pérdidas económicas a la ganadería extensiva, sobre todo de bovino y caprino. Por este motivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado 23 de julio la contratación de Tragsa para el "servicio de control" de ungulados en los terrenos del interior del parque durante los ejercicios de 2024 y 2025. El servicio supondrá 347.305 euros para el erario público.

El encargo incluye "la realización de labores de control de esta población mediante el mantenimiento de infraestructuras (cercones o cercas de manejo), el sacrificio de ejemplares, la toma de muestras y la gestión de cadáveres de ungulados silvestres", según el comunicado.

Una "masacre inminente"

La Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura (Aprocex) ha mostrado su "rechazo absoluto" ante la autorización concedida a Tragsa por los métodos que utiliza para el control de las poblaciones. En un comunicado, su presidente, Pedro Pérez, denuncia que "la administración regional da la espalda a la industria cinegética extremeña aprobando una medida que sólo provocará una masacre con la utilización de jaulas y cercones capturaderos"

Esta asociación considera "totalmente demostrada la ineficacia de este tipo de sistemas de control poblacional, que ya ocasionó graves perjuicios, no sólo en los acotados privados que lindan con el Parque Nacional, sino en el mismo ecosistema de Monfragüe, con un descenso más que significativo de las especies cinegéticas".

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