Correos sigue suponiendo un importante lastre para las cuentas del Estado. Después de encadenar varios años con pérdidas, la empresa pública quiere establecer un nuevo marco laboral, para lo cual ha llegado a un acuerdo con los sindicatos que forma parte del firmado en julio de 2024 con la SEPI, CCOO y UGT.
Correos y sindicatos firman un acuerdo de líneas básicas que define el nuevo marco laboral de la empresa.
— Correos (@Correos) December 31, 2024
De esta forma, la empresa pública busca "establecer un nuevo marco laboral en el que se alineen los intereses de la plantilla por un empleo de calidad con las necesidades de flexibilidad y productividad de un nuevo modelo de negocio de Correos más diversificado y competitivo". Cabe destacar que este acuerdo, que dará una cantidad ingente de privilegios a los trabajadores de la empresa postal, se enmarca dentro del plan de reestructuración de Correos con el que el Estado, como hemos publicado en Libre Mercado, dilapidará 4.000 millones de euros.
La jornada ‘dorada’ de Correos
Como expone CGT Correos en un documento publicado en el día de ayer, gracias al acuerdo al que ha llegado la propia empresa con los sindicatos y la SEPI en el que se detallan las condiciones que se integrarán en el III Convenio Colectivo de Correos (en primera fase de la negociación) y en el IV Convenio Colectivo de Correos (en la segunda fase de la negociación). En este contexto, en el documento se expone que, en el marco del desarrollo de un Plan de Empleo, se acuerda "implementar un Plan de Salidas Voluntarias 2025-2028 para el personal laboral fijo que tenga al menos 61 años y un plan de excedencias voluntarias para el personal funcionario".
En este sentido, las personas mayores de 65 años con contrato laboral fijo podrán acceder a la jubilación ordinaria cumpliendo los requisitos de edad y período de cotización (con una compensación equivalente a un año del salario bruto anual, con un máximo de 50.000 euros). Del mismo modo, las personas entre 63 y 65 años con contrato laboral fijo tendrán la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada y, además de pensión de jubilación según lo establecido en el artículo 208 de la Ley General de Seguridad Social, se incluye también una compensación económica adicional, que sería percibida hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria (siendo el importe equivalente al salario bruto anual, con un máximo de 50.000 euros).
Por su parte, las personas menores de 63 años con contrato laboral fijo se incorporarán al sistema al cumplir 61 años. Al respecto, se recoge además que hasta los 63 años los trabajadores contarán con un plan de rentas que consistirá en una compensación económica que garantice hasta el 80% del salario bruto anual, así como una prima de adhesión para compensar el efecto del IRPF sobre la compensación económica y un convenio especial con la Seguridad Social.
Con todo, con el fin de "adecuar las necesidades de los negocios en consonancia con la carga y capacidad diaria, semanal y anual de la compañía", el acuerdo prevé la implementación de distintas medidas, tanto de carácter estructural como coyuntural. Así, entre las medidas estructurales se incluye la elaboración de un plan de implantación progresiva de 35 horas semanales. Además, el documento recoge que se elaborará un calendario estacional donde las horas por jornada será variable en función de la carga prevista en cada estación y que "la variabilidad del horario no será superior al 10% del cómputo anual". Así, se establece que "en cualquier caso, la jornada resultante no podrá ser inferior a 5 ni superior a 9 horas diarias".
Asimismo, en este contexto, "se implementará una jornada de cuarto turno, de martes a sábado tarde, en aquellas unidades operativas donde las necesidades del servicio lo aconsejen, remunerando a las personas afectadas por dicho turno". De hecho, se establece que "para alcanzar la ratio de los turnos mañana/tarde del 60%/40% se tomarán las medidas necesarias con el fin de redistribuir la plantilla de una manera remunerada".
Por otra parte, entre las medidas coyunturales, se prevé implantar "una bolsa de horas, que será voluntaria y compensada, sobre el 10% de la jornada anual en positivo y negativo, para poder regular las variaciones de carga de trabajo con un preaviso de 15 días". En este sentido, se explica que "dicha bolsa será restablecida anualmente sin acumular horas de años anteriores", añadiendo que "la jornada laboral resultante garantizará los periodos de descanso diarios y semanales". Del mismo modo, se espera "incentivar de manera voluntaria el disfrute de las vacaciones fuera del periodo de verano".
El Gobierno inyecta 4.000 millones
Lo cierto es que la nota de prensa publicada por Correos es bastante más aséptica que el comunicado de CCOO al respecto. La empresa que dirige Pedro Saura se limita a indicar que este acuerdo, que define el nuevo marco laboral de la empresa, tiene por objetivo "establecer un nuevo marco laboral en el que se alineen los intereses de la plantilla por un empleo de calidad con las necesidades de flexibilidad y productividad de un nuevo modelo de negocio de Correos más diversificado y competitivo".
En este sentido, Correos explica que en una primera fase de negociación (que concluiría el 15 de marzo) "se desarrollarán las condiciones relativas a un plan de salidas voluntarias y un ciclo de empleo alineado con las necesidades de la empresa, una nueva organización del trabajo destinado a alcanzar una mayor flexibilidad de la plantilla para responder a las nuevas demandas de nuestros ciudadanos y clientes, un plan de carrera profesional como palanca de atracción y retención de talento, y el diseño de un plan de incentivos orientado a lograr los resultados de negocio de la empresa". Asimismo, en la segunda fase (que deberá terminar antes del 1 de octubre) "se negociaría el resto de asuntos que se requerirían para completar el nuevo Convenio Colectivo".
Ahora bien, lo cierto es que el sindicato CCOO ha aclarado algunos detalles muy importantes de este acuerdo. En primer lugar, es llamativo que, según la organización sindical, el acuerdo firmado con la SEPI y Correos es para implementar la reducción de la jornada laboral e introducir nuevos incrementos retributivos. "Entre otros compromisos, el Acuerdo Marco firmado incluye la implementación progresiva de la jornada de 35 horas semanales, un plan integral de incentivos para posibilitar incrementos retributivos de la plantilla (compuesta por 50.000 personas) y un plan de salidas voluntarias incentivadas a partir de los 61 años, acompañado de tasas de reposición para garantizar el rejuvenecimiento de la plantilla", detalla el comunicado de prensa.
Al mismo tiempo, CCOO añade que "el acuerdo incorpora un nuevo programa de carrera profesional con revalorización económica de los puestos de la cadena de mando, el compromiso de reducir la temporalidad al 8% y la conversión de más de 4.800 contratos de tiempo parcial a jornada completa en su periodo de vigencia". Asimismo, también se incluyen distintas medidas de flexibilidad.
Con todo, desde el sindicato subrayan que "para CCOO, este acuerdo forma parte de un conjunto de medidas pactadas con el Gobierno por un montante de casi 4.000 M€ que constituyen un todo necesario para eludir el riesgo inmediato de disolución de la empresa pública y para reposicionarla en la senda del crecimiento y el incremento de ingresos". Así, entre las medidas incluidas, destacan el refuerzo de la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) hasta alcanzar 250 M€ anuales y la obligación de Correos de prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG), con una dotación inicial de 150 M€.
De hecho, esta inyección de dinero en la empresa pública de servicio postal fue adelantada por CCOO en julio de 2024 en una nota de prensa en la que explicaba que había firmado, junto con UGT, Hacienda y la SEPI, un "Acuerdo Marco Estratégico 2024-2028 para la recuperación, transformación y reposicionamiento de Correos". De este modo, el sindicato indicaba que durante los próximo cinco años se movilizarían casi 4.000 millones de euros para reforzar la red, prestación y financiación del servicio (a lo cual se decidió destinar 1.050 millones), reposicionar estratégicamente a la compañía (con una dotación de 1.350 millones de euros) e impulsar el diálogo social, un nuevo marco laboral y un plan de personas (para lo que contarían con otros 1.500 millones).
Una empresa deficitaria
Es evidente que la gestión realizada por las empresas públicas, puesto que están financiadas con recursos estatales y no se ven sujetas estrictamente a las reglas del mercado, suele ser mucho más ineficiente que la que llevan a cabo las empresas que han de competir irremediablemente. Sin embargo, no deja de resultar llamativo cómo han empeorado notablemente ciertas compañías de titularidad pública en los últimos años.
En el caso de Correos, se ha demostrado que esta es una empresa más que deficitaria cuya gestión, por parte ahora de Pedro Saura, continúa suponiendo un importante agujero para el erario público. Y es que, concretamente, en el año 2023 Correos registró unas pérdidas de 125 millones de euros, según confirmó El Economista.
Asimismo, como publicamos en Libre Mercado, en el año 2022 la empresa registró pérdidas por valor de 217 millones de euros (el doble que las del año anterior) y una facturación de 1.962 millones de euros (con una caída del 5,7% respecto del año 2021). Un año antes Correos perdía 96 millones, después de haber registrado a lo largo del 2020 unas pérdidas de 264 millones. Lo cierto es que el ejercicio de 2019 fue el primero desde 2014 en el que la empresa cerró el año con beneficios, que ascendieron a los 13 millones de euros, si bien durante los cuatro años anteriores Correos perdió más de 370 millones de euros.