Yolanda Díaz busca cuota política. Y ha exigido ya a Pedro Sánchez una nueva cruzada climática. En concreto, ahora, en el sector del agua mineral y termal. El plan de los miembros de Sumar en el Ejecutivo pasa por exigir la aplicación de los criterios climáticos del agua a estas explotaciones. Preparados por el aumento de los costes.
Sumar exige "los cambios normativos necesarios para suprimir de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, toda la regulación en lo referente a la gestión de las aguas minerales y termales, y remitirla, con respeto a las diversas normativas establecidas por las comunidades autónomas en esta materia, a la legislación de aguas siguiendo los criterios establecidos en la Directiva marco del agua y la cual se adapta a la nueva realidad de emergencia climática".
Se trata del principio base de una cruzada climática que puede dispara los costes de esos productos y explotaciones.
Un marco legal "anacrónico"
"El agua mineral envasada no puede ser una excepción en relación a una gestión eficiente, eficaz y sostenible, que se adapta a las nuevas necesidades y en los crecientes periodos de sequía. En la actualidad, las aguas minerales y su explotación se regulan por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se trata de una ley preconstitucional y entiende el agua mineral como un recurso a explotar como cualquier otro mineral", afirman los comunistas.
"Esta ley preconstitucional respondía a la necesidad del II Plan de Desarrollo Económico y Social que tenía como finalidad primordial «la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre". La Ley regula las autorizaciones de aprovechamiento de estos recursos y autoriza la explotación de estos hasta el agotamiento (art. 83). Así pues, la legislación vigente en materia de gestión de las aguas minerales es totalmente anacrónica y preconstitucional, y es necesario que esta se adecue a la realidad actual", añaden.
Y la ley realidad actual para Sumar es disparar los costes de explotación y producción con normativas ecologistas radicales.
El agua como bien público
"El agua es un servicio básico y público, así como también un derecho humano. Por lo tanto, su gestión tiene que estar al margen de las leyes del mercado. Aun así, el agua mineral, tal y como recoge la Ley de Minas, es un bien explotado por empresas que, como en toda actividad económica, saca grandes beneficios. Estas empresas, muchas ubicadas en Cataluña, también comercializan el agua en el extranjero, a países donde el agua mineral es muy apreciada como Japón o en los Emiratos Árabes", explican desde el partido de Yolanda Díaz.
"Así pues, es urgente poner orden al propio ordenamiento jurídico en materia de agua mineral (y termal), eliminando y adaptando a la actualidad una normativa claramente desfasada. Del mismo modo, es indispensable desarrollar toda la normativa bajo el prisma del agua como un bien común cada vez más escaso, para garantizar a la ciudadanía el acceso a este recurso, a este bien común".
Comienza la cuenta atrás para el encarecimiento, aún mayor, del agua.