El Gobierno de Pedro Sánchez en general, y su ministra de Vivienda en particular, continúa su campaña para invisibilizar a los miles víctimas de la inquiokupación que hay en España, la modalidad más extendida, según denuncian los afectados, desde que en 2020 el Ejecutivo aprobó el llamado decreto antidesahucios.
"Eso se llama impago de rentas, se llama incumplimiento de contrato... Existe, sí, pero ahí están la Justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatirlo", sentenciaba este jueves una Isabel Rodríguez que se atrevía incluso a ir más allá. "¿Ese es el problema de la vivienda? Rotundamente, no", se respondía a sí misma en un desayuno organizado por Europa Press.
Sus palabras han desatado la ira de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que lleva cinco años luchando contra quienes tratan de minimizar una situación que, según sus cálculos, elevaría a 80.000 las víctimas de una lacra que, con diferentes nombres, priva a los propietarios de disfrutar de una vivienda que es suya. "Vuelve a insistir en que para eso están los juzgados y la Policía, pero se olvida de que hay un Real Decreto que ella misma ha votado y que paraliza los desahucios de familias supuestamente vulnerables y a partir del cual se cuelan todos los okupas", denuncia su portavoz, Ricardo Bravo.
"Y, efectivamente, el principal problema de la vivienda no es la okupación y la inquiokupación —continúa—. El problema es ella como ministra y su Gobierno, que no están haciendo absolutamente nada y no tienen a ninguna entidad social a su favor, porque es evidente que ni han construido viviendas ni tienen un plan para las necesidades del país. Es una incompetente".
El discurso de Rodríguez es, además, rebatido por los expertos del sector inmobiliario, quienes llevan años alertando de cómo la impunidad okupa ahuyenta a los propietarios del mercado del alquiler, provocando un descenso de la oferta y, como consecuencia, un aumento de precios.
¿Afán partidista?
Junto a la minimización de esta lacra, la ministra aprovechaba, además, para cargar contra quienes, a su juicio, con un "afán partidista" y de "polarización", están "utilizando este asunto para generar alarma social". Es más, no dudaba en burlarse del sufrimiento de tantos y tantos propietarios, dirigiéndose al público presente en la sala: "Ustedes salen tranquilos a comprar el pan, ¿no?".
"Aquí la única que polariza es ella al no reunirse con nosotros para conocer la realidad", lamenta el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que espera que la ministra "deje de verter estos improperios totalmente innecesarios" y se esfuerce por arrojar luz sobre un problema que es evidente que existe, por la gran cantidad de denuncias que semana tras semana salen a la luz, pero que no se recogen en ninguna estadística precisamente porque, al tratarse como meros incumplimientos de contrato, no se dirimen en la vía penal.
"Y si no quiere dar explicaciones aquí en España, pues las tendrá que dar en Bruselas, porque el día 18 de marzo tenemos una audiencia exclusiva sobre okupación en el comité de peticiones del Parlamento europeo", recuerda Bravo.
Contra Ayuso
En su discurso, Isabel Rodríguez tampoco perdía la ocasión de criticar a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica que más se ha involucrado en la lucha contra la okupación, facilitando, entre otras cosas, un teléfono al que las víctimas pueden llamar para denunciar su caso y pedir asesoramiento. Según aseguraba la Comunidad de Madrid hace unos días, desde su puesta en marcha en 2022, habían recibido cerca de 4.000 llamadas y 219 casos se había alertado de una okupación en curso.
"Habían atendido en 1.000 días a doscientas y pico personas. Hice el cálculo en mi despacho y me salía a una persona a la semana —se burlaba sin ni siquiera hacer bien las cuentas—. Representa el 0,03% de los madrileños y madrileñas, cuando el problema de vivienda en Madrid afecta al 36% de los madrileños y madrileñas".
Se da la circunstancia de que la CAM es una de las pocas que, según el último balance del Ministerio del Interior, ha conseguido reducir el número de usurpaciones y allanamientos de morada en el último año. Así, mientras 2024 se cerró a nivel nacional con una subida del 7,4% hasta alcanzar los 16.426 casos, en Madrid se han contabilizado en el mismo periodo 1.451 casos, lo que supone un descenso superior al 4% respecto a 2023.