La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha invertido 549.824 euros en sistemas de interceptación de señales desde que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó al poder en junio de 2018. Así lo detalla una resolución de transparencia a la que ha tenido acceso Libre Mercado. El documento revela que esta cifra se distribuye en tres contratos adjudicados entre 2018 y 2022, todos otorgados a la misma empresa: CicomTec Sistemas.
¿Qué es un SITEL?
Un sistema de interceptación telefónica, conocido como SITEL en España, es una tecnología empleada para capturar y registrar comunicaciones, especialmente telefónicas, con fines de investigación o seguridad. Gestionado tradicionalmente por el Ministerio del Interior, permite escuchar llamadas, rastrear dispositivos y recolectar datos en tiempo real, siempre con aval judicial.
Dichos sistemas fueron encargados por el Ministerio del Interior el 24 de octubre de 2001, firmando en su representación el entonces ministro Mariano Rajoy y comenzaron a operar por primera vez en España durante noviembre de 2003, tras varios retrasos causados por la falta de instalación de los equipos de interceptación correspondientes por parte de las operadoras de red.
¿Es legal su uso?
Según el experto, José Cervera, en una entrevista a RTVE: "Las escuchas en sí no son ilegales ni inconstitucionales, ya que están específicamente reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de Control Judicial Previo del CNI. El reglamento, contenido en el capítulo II del título V del Real Decreto 424/2005, establece los procedimientos y las medidas a adoptar por los operadores que reciben una orden judicial de interceptación legal de las comunicaciones".
Las tres licitaciones
El primer contrato, firmado en noviembre de 2018, consistió en el suministro e instalación de componentes del Sistema de Monitorización de Telefonía Móvil en dos vehículos valorado en 33.033 euros. Este equipamiento, diseñado para operar en campo, permite captar comunicaciones en tiempo real, una capacidad que podría destinarse a investigaciones fiscales o tributarias.
La segunda adjudicación, fechada en mayo de 2019 y consultable aquí, incluyó la adquisición de una preinstalación en nuevo vehículo de un sistema de monitorización de telefonía móvil con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos especiales, el cual costó 16.819 euros.
La tercera licitación, que abarca los gastos de 2022 y 2023, se detalla en un documento más completo accesible aquí. Se trata de la actualización de tres sistemas de monitorización de telefonía móvil del Departamento de Aduanas e IIEE que mejoraron los módulos 3G/4G, añadió capacidades LTE multibanda y adaptó dos equipos al modo portátil tipo mochila, incluyendo formación y accesorios. La actualización, clave contra la delincuencia organizada, prepara los sistemas para el futuro despliegue del 5G. Dicho contrato costó 499.972 IVA incluído, dicho importe se dividió en dos cantidades de 375.100 y 124.872 euros.
CicomTec, protagonista en la sombra
Los tres contratos recayeron en CicomTec Sistemas, una compañía cuya página web apenas ofrece datos sobre sus productos, limitándose a menciones genéricas. Sin embargo, su historial en contratación pública es notable: ha ganado al menos 35 licitaciones adicionales por un total de 19.350.935,46 euros, de las cuales 34 fueron para el Ministerio del Interior y una para el Gobierno Vasco, según el Portal de Contratación del Estado.