El patronato de la Fundación La Caixa y su sociedad de inversiones, Criteria, han acordado este miércoles el regreso de sus sedes sociales a Cataluña. En la actualidad y desde hace siete años estaban radicadas en Palma de Mallorca, a donde se desplazaron para evitar la inseguridad jurídica y la inestabilidad política causadas por el "Procés" y el golpe de Estado separatista.
Tanto el patronato como Criteria, ambas presididas por Isidre Fainé, han adoptado la decisión en sendas reuniones extraordinarias convocadas hoy mismo para evitar filtraciones. La Caixa es el primer grupo financiero español y agrupa en Criteria importantes participaciones en empresas como Naturgy, Telefónica y ACS.
El repentino movimiento ejecutado por Fainé se interpreta como una muestra de confianza en el clima político catalán tras la llegada a la Generalidad de los socialistas con Salvador Illa al frente. En los momentos más duros del "Procés", las sociedades nucleadas en torno a la histórica firma catalana vieron seriamente afectados sus intereses tanto en Cataluña como en el resto de España.
Mientras los dirigentes separatistas presionaban a los directivos de la entidad para que no abandonaran Cataluña, La Caixa sufría la retirada de depósitos en medio de un contexto político y jurídico en el que se planteaba incluso que la región quedaría fuera de la zona euro si triunfaban los planes de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ahora socios de referencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Al igual que lo sucedido con el Banco de Sabadell, Fainé y la cúpula de las sociedades vinculadas a La Caixa consideran que ahora no hay riesgo de secesión y hay suficientes garantías jurídicas e institucionales para el regreso.
El penúltimo movimiento de Fainé ha sido nombrar a Javier Godó, conde de Godó y editor de La Vanguardia y de la emisora independentista Rac 1, vicepresidente de la Fundación La Caixa en sustitución del notario Juan José López Burniol, que dimitió por discrepancias insalvables con la dirección.
Caixabank se queda en Valencia
De momento, la sede social de Caixabank permanecerá en Valencia. El movimiento se produce en un contexto político de negociaciones y acuerdos entre Junts, ERC y los gobiernos socialistas de Madrid y Barcelona. El último de estos acuerdos es el traspaso a la Generalidad de las competencias en inmigración y fronteras. El penúltimo, el establecimiento de una agencia tributaria catalana para la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, movimiento que vino precedido del anuncio de la quita de 17.104 millones de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)