La Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda, ha emitido una resolución de transparencia en donde se revela que 67 propiedades del estado se han visto afectadas por el problema de la okupación entre 2010 y 2024. Según el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital en exclusiva, 37 continúan en poder de los ocupantes, mientras que 30 han sido recuperados. No obstante, el Ministerio reconoce que carece de datos precisos sobre los costos derivados de los procesos judiciales emprendidos para desalojar estas propiedades, dejando sin esclarecer el impacto económico que tiene en las cuentas públicas esta problemática minimizada por el Gobierno.
El análisis de los datos permite trazar un mapa de las provincias más afectadas por este fenómeno inmobiliario y las zonas donde se han logrado reversiones. Málaga y Huelva destacan como las áreas con mayor cantidad de bienes estatales actualmente invadidos, mientras que Baleares sobresale por el número de desokupaciones exitosas desde 2010. A continuación, desglosamos la situación provincia por provincia para ofrecer una visión clara para quienes buscan información actualizada sobre la gestión pública de las propiedades del Estado en España.
Málaga y Huelva, focos de ocupación de bienes estatales
Los registros muestran que Málaga y Huelva encabezan la lista de provincias con más propiedades del Ministerio de Hacienda bajo ocupación ilegal. A nivel nacional, los 37 inmuebles que siguen tomados representan un desafío administrativo y judicial para las autoridades.
- Ranking de provincias con inmuebles okupados:
- Málaga: 5 casos
- Huelva: 5 casos
- Madrid: 3 casos
- Cuenca: 3 casos
- Cádiz: 2 casos
Málaga: Diversidad de bienes afectados
En Málaga, los cinco inmuebles invadidos abarcan desde viviendas heredadas hasta propiedades estatales tradicionales:
- Málaga capital: Tres casos, dos de ellos viviendas provenientes de herencias sin testamento (abintestato) y una vivienda estatal patrimonial.
- Nerja: Una antigua casilla de Peones Camineros, originalmente destinada a trabajadores de mantenimiento vial.
- Mijas: Una vivienda estatal de carácter patrimonial.
Huelva: Localidades costeras en el punto de mira
Esta provincia iguala a Málaga con cinco propiedades ocupadas, concentradas en áreas de interés turístico y rural:
- Alosno: Vivienda estatal patrimonial.
- Beas: Local estatal patrimonial.
- Isla Cristina: Tres trasteros de titularidad estatal.
- Lepe: Vivienda estatal patrimonial.
- Lucena: Vivienda estatal patrimonial.
Madrid: Herencias como principal origen
En la autonomía, los tres casos registrados están vinculados a viviendas provenientes de abintestato:
- Madrid capital: Dos propiedades heredadas sin testamento.
- Alcalá de Henares: Una vivienda también procedente de abintestato.
Cuenca: Concentración en Tarancón
La provincia registra tres inmuebles tomados, todos ubicados en Tarancón y clasificados como inmuebles estatales patrimoniales.Alicante: Agrupación en la Capital
La ciudad de la luz registra dos inmuebles estatales tomados de carácter patrimonial.Jaén: Solo viviendas
La provincia suma dos propiedades usurpadas:
- Linares: Vivienda estatal de carácter patrimonial.
- Lopera: Vivienda procedente de abintestato.
Cádiz: Viviendas de herencias ocupadas
La provincia donde se forjó la constitución liberal de 1812 suma dos propiedades invadidas, ambas heredadas sin testamento, una en su capital y otra en Jerez de la Frontera.Sevilla: Todo en la ciudad de la Giralda
Dos viviendas en la capital andaluza procedentes de herencias sin testamento.
Tarragona: Localidades cercanas a la playa
En esta provincia catalana hay dos propiedades usurpadas:
- Mont Roig del Camp: Vivienda procedente de abintestato.
- Porrera: Parcela estatal de carácter patrimonial con construcción.
Zaragoza: Propiedades ocupadas en zonas rurales
La capital de Aragón suma dos propiedades invadidas, ambas en municipios de unos 3.000 habitantes:
- Ricla: Vivienda en parcela rústica de carácter patrimonial.
- Calatorao: Inmueble estatal de carácter patrimonial.
Otras provincias como Asturias, Ciudad Real, Córdoba, Salamanca, Sevilla, Valencia y Valladolid presentan un solo caso. Este reparto geográfico subraya la dispersión del problema a lo largo de todo el territorio español, aunque en el norte es más escaso.Baleares, líder en reversiones de ocupacionesEn contraste con las provincias más afectadas por ocupaciones actuales, Baleares destaca por haber recuperado nueve inmuebles entre 2010 y 2024, la cifra más alta del país. Estas usurpaciones de la propiedad estatal, ocho de ellas en Mallorca, reflejan una gestión activa del patrimonio estatal, con la mayoría de los bienes ya vendidos tras su recuperación.
- Ranking de provincias con inmuebles desokupados:
- Islas Baleares: 9 casos
- Orense: 4 casos
- Madrid: 3 casos
- Las Palmas: 2 casos
Islas Baleares: Éxito en ventas tras recuperación
Las nueve desokupaciones en Baleares incluyen:
- Sant Antoni de Portmany (Ibiza): Vendido en 2017.
- Palma: Cuatro casos, con ventas formalizadas en 2017, 2019, 2020 y 2021.
- Alcudia: Vendido en 2018.
- Sóller: Desocupado, en proceso de venta.
- Santa Ponça (Calviá): Vendido en 2021.
- Manacor: Procedente de abintestato, vendido en 2024.
Orense: Propiedades estatales en transición
La provincia gallega registra cuatro casos, todos en Verín y vinculados al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y aún sin destino definido.Madrid: Mezcla de ventas y pendientes
Madrid suma tres inmuebles recuperados:
- Madrid capital: Uno vendido en subasta pública (pendiente de escrituración), otro desocupado procedente de abintestato y vendido en 2021, y un tercero desocupado pendiente de enajenación.
Las Palmas: Diferentes destinos
En la capital de la provincia, dos casos muestran resultados distintos:
- Un solar patrimonial expropiado por el Ayuntamiento en 2017 y otro desocupado pendiente de destino.
Provincias como Álava, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Granada, Segovia, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vizcaya registran un solo caso cada una, con situaciones que van desde ventas concretadas hasta procesos de enajenación en curso.