El Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo dependiente del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha optado por no revelar las tasas de interés de un préstamo de 754.302.566 euros otorgado a Marruecos para la compra de hasta 40 trenes interurbanos. La entidad justifica esta decisión argumentando que hacer públicos estos datos podría dañar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, una explicación que podría considerarse una excusa poco sólida frente a la necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos.
Esta negativa se produjo tras una solicitud de información bajo el amparo de la Ley de Transparencia a cuya resolución ha tenido acceso Libre Mercado en exclusiva, a la que el ICO respondió amparándose en el artículo 14.1.c de dicha norma, que permite restringir el acceso a información si afecta las relaciones exteriores. Dicho documento será recurrido ante el Consejo de Transparencia en los próximos días.
El crédito, aprobado el 11 de febrero de 2025 en el Consejo de Ministros, se canaliza a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), entidad creada en 2010 por el ejecutivo de Zapatero, tiene como objetivo apoyar la modernización del transporte ferroviario marroquí, beneficiando a la Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF), con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos. Sin embargo, la falta de claridad sobre las condiciones financieras del acuerdo ha suscitado dudas sobre su connivencia entre el Gobierno y Marruecos.
Detalles ocultos de un préstamo millonario
El acuerdo, firmado a principios de 2025, busca facilitar la adquisición de trenes para mejorar la infraestructura ferroviaria de Marruecos. Con un monto cercano a los 754 millones de euros, el préstamo se ofrece bajo condiciones concesionales de la OCDE, lo que implica que es reembolsable, aunque sin conocer las tasas de interés resulta imposible determinar si dichas condiciones son realmente favorables para Rabat o si esconden riesgos financieros para las cuentas españolas. Aunque se presume que la operación beneficia a empresas españolas del sector ferroviario, la ausencia de datos concretos alimenta las sospechas de que el Gobierno podría estar ocultando aspectos menos ventajosos del trato.
La relación comercial entre España y Marruecos se ha intensificado en los últimos años, especialmente ejemplificado en el giro del Sáhara, este préstamo se presenta como un paso más en esa cooperación. No obstante, el secretismo del ICO pone en cuestión la transparencia de un proceso que debería ser accesible para los contribuyentes, quienes en última instancia financian la operación.
Una justificación diplomática cuestionable
El ICO sostiene que divulgar las tasas de interés podría comprometer la posición negociadora de España en futuros acuerdos internacionales, calificando esta información como "muy sensible" para las relaciones comerciales y financieras con otros países. Esta postura, aunque respaldada legalmente, ha sido tildada de evasiva para quienes demandan mayor apertura en el manejo de recursos públicos. Facilitar estos datos, también estaría amparado jurídicamente, lo cual deja en evidencia la ambigüedad y la arbitrariedad de esta norma aprobada en 2013 por el Gobierno de Rajoy. Bajo esta justificación, también podría llegarse al absurdo de que revelar cuánto dinero se presta a cada país podría comprometer las relaciones diplomáticas con otras naciones.
Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, el Gobierno parece recurrir a pretextos diplomáticos para evitar detallar cómo se emplean casi 754 millones de euros de dinero estatal. Esta opacidad no es un caso aislado. Los proyectos financiados mediante el FIEM suelen caracterizarse por una falta de información sobre sus términos económicos, un patrón que el Ejecutivo, reprendido en multitud de ocasiones por el Consejo de Transparencia por su opacidad y falta de colaboración, defiende como necesario para proteger intereses estratégicos. Sin embargo, esta práctica refuerza la percepción de que se priorizan agendas internacionales sobre el derecho de los ciudadanos a conocer el destino de sus impuestos.
Talgo y Alstom, descartadas del megacontrato: CAF y Hyundai Rotem en la recta final
Según informó El Independiente, la controversia sobre el crédito coincide con el desarrollo de un megacontrato ferroviario en Marruecos, donde las autoridades descartaron en la primera fase de adjudicación a la española Talgo, la francesa Alstom y la china CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Solo CAF, también española, y la coreana Hyundai Rotem siguen en la competición por suministrar 168 trenes, que incluyen interurbanos, de cercanías rápidos y de red exprés regionales, además de 18 trenes de alta velocidad, con un coste total estimado de 1.800 millones de euros.
Hyundai Rotem, liderada por su CEO Lee Yong-Bae, anunció planes ambiciosos tras una reunión en julio con el ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour. La empresa coreana proyecta construir una planta de fabricación de trenes en el país magrebí y transferir tecnología al país. Por su parte, Alstom, aunque suministrará los 18 trenes de alta velocidad, ha quedado excluida de los otros tres lotes del contrato, que abarcan 40 trenes interurbanos, 60 trenes lanzadera rápidos (TNR) y 50 trenes RER (Réseau Express Régional).
El acuerdo no se limitó a la fabricación: los ganadores de los distintos lotes también asumirán un contrato de mantenimiento por 20 años y deberán garantizar una tasa de integración local proporcional al número de trenes adjudicados. Una vez finalizados los pliegos de condiciones, la Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF) lanzará una licitación final, dando a los fabricantes seleccionados un mes para presentar sus ofertas definitivas.
¿Beneficios para España?
La opacidad del ICO, junto con la exclusión de Talgo de este lucrativo proyecto, pone en entredicho la estrategia del Gobierno español. Mientras se destinan millones de euros a financiar iniciativas en Marruecos, la falta de beneficios claros para las empresas nacionales y la ausencia de transparencia alimentan las críticas sobre una gestión que parece desalineada con los intereses económicos de España y más con la de Mohammed IV.