Como avanzó este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el PP ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley que pide la prolongación de la vida de las centrales nucleares. La proposición llega en un momento decisivo para la central nuclear de Almaraz, la primera que cerrará según el plan del gobierno, y dos meses después de que los populares lograran la aprobación de una proposición no de ley que instaba al gobierno a mantener los reactores en marcha gracias a la abstención de Junts y ERC (Cataluña es la región española donde más pesa el sector nuclear, con tres reactores en marcha).
Según explicaron fuentes del PP en un encuentro con la prensa, confían en que esta proposición de ley salga también adelante apelando especialmente "a los diputados de los territorios con instalaciones nucleares". La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, no concretó si ya tienen atado algún apoyo pero señaló que llevan hablando de este tema "con los grupos desde hace tiempo" y que "no surge ahora": "Buscamos una amplia mayoría porque cerrar las nucleares sería un error difícil de revertir", advirtió.
La proposición de ley persigue la prolongación de la vida de las centrales especificando en su primer artículo que si las empresas solicitan seguir en marcha, y el Consejo de Seguridad Nuclear emite un informe favorable, "el Ministerio ha de resolver favorablemente" la petición. Además, incorporan la mención de que el Gobierno puede acordar la continuidad de las centrales "por cuestiones de seguridad energética, bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nuclear". Una posibilidad que ya contempla la Ley del Sector Eléctrico pero que quieren "reforzar" incluyéndola expresamente en la ley que llevan al Congreso y que no implica, especificaron, una "nacionalización", sino que serían las actuales operadoras quienes seguirían gestionándolas. Si bien desde el PP reconocen que esta mención no supone una novedad, sí insisten en que quieren "reflejar que esa posibilidad existe".
Lo cierto es que la posibilidad de que las empresas no quieran continuar está sobre la mesa: desde hace meses están mostrando su deseo de continuar pero también avisando de que quieren sentarse con el Gobierno para hablar de las condiciones, en alusión a la elevada carga fiscal. La proposición de ley no alude a la que es la demanda esencial de las eléctricas pero el hecho de que no se incluyan menciones a los impuestos es clave para evitar que el Gobierno la vete antes de su toma en consideración alegando que afectaría a los ingresos presupuestarios.
La proposición de ley sí afectaría, no obstante, a otra de las quejas de las empresas, la subida de la tasa ENRESA que pagan por la gestión de los residuos. El artículo dos establece un plazo de tres meses para se actualice el plan de residuos nucleares "con los nuevos años de operación", lo que implicaría un recálculo de los pagos, que se realizan mientras las centrales están en operación. Operar durante más tiempo podría permitir que la tasa anual bajase.
En los artículos tres y cuatro el PP exige que se actualice el Plan Nacional de Energía y Clima, que contempla el cierre de los primeros reactores y un enorme crecimiento de las renovables que está lejos de cumplirse en plazo, "para ajustarse los objetivos a la realidad". Además, reclaman la actualización de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional "que lleva sin actualizarse desde 2020".
La norma incluye por último cuatro disposiciones que implican la derogación de las órdenes ministeriales que contemplan la clausura de Ascó I, Cofrentes y Almaraz I y II y que desde el sector señalan como el primer obstáculo que habría que derribar para un hipotético alargamiento de la vida de las centrales.
"El cajón" de Armengol
El apoyo de Vox y la posición de los nacionalistas catalanes, que ya expresaron en el Congreso sus inquietudes sobre el impacto del cierre de Vandellós y Ascó en el empleo y la seguridad energética catalana, hace que desde el PP se vea posible que la norma salga adelante, pero en el encuentro con los medios hicieron mención a la posibilidad de que la tramitación de la norma se retrase tras la toma en consideración. "Pedimos que Armengol no la bloquee, que pueda debatirse, que vaya a ponencia, a comisión y que se pueda debatir. Ya tenemos experiencia con iniciativas debatidas en el Senado y que acaban guardadas en el cajón. Pedimos que esto, que es esencial para España, no acabe ahí", señaló Martín.
Para justificar la iniciativa, Martín señaló que se trata de "una cuestión urgente" y que mantener las centrales abiertas "no es una opción, es una necesidad", avisando de que perjudicaría tanto a las facturas como a la autonomía estratégica de España. "Privarnos de ella nos va a hacer más vulnerables", señaló la diputada mencionando las "tensiones políticas" que están haciendo que se "redefinan las prioridades". "Cuando muchos países trabajan en mantenerla, la ceguera del Gobierno nos lleva al apagón", señaló recalcando que "la renuncia nos convertirá en una excepción marginal en Occidente".
Martín también avisó de que el desarrollo del PNIEC "es un desastre sin paliativos" y alertó de que existe "un riesgo de apagones". Recordó cómo en 2024 "se obligó a apagar la gran industria en cuatro ocasiones, en mayo, julio y dos veces en diciembre", para "garantizar el suministro de los hogares (con la activación del denominado servicio de respuesta activa de la demanda). "No se puede normalizar", señaló Martín, que pidió "no tirar por la borda la ventaja competitiva" que supone tener ya en marcha cinco centrales. La popular señaló que quieren "evitar un error histórico", que "en su día cometió Alemania y que ahora quieren revertir" y defendió que su partido lleva años manifestándose contra el cierre tanto a nivel autonómico como en su programa y en iniciativas en el Congreso.