El PP decidió registrar en el Congreso el pasado viernes una proposición de ley "para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético" que pretende frenar el plan vigente para cerrar todas las centrales españolas entre 2027 y 2035. La proposición, aunque desde el partido ya hablaron de sus temores a que Armengol obstaculice su tramitación, tiene posibilidades de salir adelante: si bien desde el PP no desvelaron si tenían algún apoyo cerrado, hace dos meses sacaron adelante una Proposición No de Ley pidiendo al Gobierno que no las cierre que se aprobó gracias al apoyo de Vox y UPN y a la abstención de los nacionalistas catalanes. Junts ha manifestado en varias ocasiones, también en ese debate, su temor a las consecuencias del cierre para Cataluña, que cuenta con tres reactores; ERC en esa ocasión también optó por la abstención tras un discurso en el que avisó del efecto para el empleo y dudó sobre los plazos.
Sin entrar en un aspecto esencial, el de los impuestos, la Proposición de Ley persigue forzar al Gobierno a mantener las centrales abiertas fundamentándose en sólo aspectos técnicos y remueve obstáculos tanto para la continuidad como para hipotéticas reaperturas. Estos son los aspectos clave de la Proposición de Ley que ahora arranca su trámite parlamentario:
Derogación de las ‘condenas’ a Almaraz, Ascó y Cofrentes:
Desde el sector se ha señalado con insistencia en que el primer obstáculo que habría que eliminar para que Almaraz pueda seguir en marcha es la orden ministerial de 2020 que renovó su autorización de explotación hasta 2027 y 2028. En ella se incluyó una frase clave: "renovación definitiva y última". Desde el PP destacaron el viernes que ese caso no era único y que también Ascó I y Cofrentes están en la misma situación. En la orden que autorizó la renovación del reactor catalán, en 2021, se señaló que 2030 "será la fecha de cese definitivo de explotación". En la orden para la valenciana, también se recoge con las mismas palabras.
En el preámbulo de la ley, el PP señala que estas menciones "contravienen la libertad de instalación de generación eléctrica consagrada en la legislación española y en el marco normativo que regula el mercado eléctrico comunitario". También apuntan que en un sistema eléctrico liberalizado "la decisión sobre la renovación o de la finalización de su plazo antes de lo programado no es discrecional del Ministerio ni puede ser impuesta de forma unilateral contra la voluntad de sus titulares". Si se aprobara la ley, las tres órdenes serían automáticamente derogadas.
Agilizar reaperturas:
La disposición final primera de la proposición se refiere a la reapertura de centrales apagadas "por finalización del plazo de su autorización". La norma establece que podría solicitar su reapertura y reanudación de la explotación "con los requisitos que reglamentariamente determine el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe favorable será preceptivo para esa reanudación". Establece la salvedad de que si ese cese "no ha superado los doce meses" la solicitud "se tramitará con arreglo al procedimiento que corresponde a las peticiones de prórroga o renovación de las autorizaciones".
Desde el PP señalan que con este texto se recupera un supuesto que contemplaba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y que fue derogado por el Ejecutivo. "Lo hemos incluido para revertir la reforma que hace unos meses hizo el Gobierno para obligar a que, si ya hubiera acabado la vida útil de una instalación, se exigiera un procedimiento de nueva apertura en vez de renovación". Con este cambio, se vuelve a la situación anterior "con una tramitación algo más simplificada en un proceso que ya es de por sí exhaustivo".
Autorizaciones a pesar de las empresas y del Gobierno:
El artículo 1 clarifica los casos en que una central cesa de actividad. El objetivo, despejar "cualquier duda", confirmando que el protocolo de cierre firmado con ENRESA en 2019 y el PNIEC "no son de obligado cumplimiento". Además establece varios aspectos relevantes sobre la continuidad de su operación. Por un lado, se recoge en la ley que el Gobierno "podrá imponer la continuidad de la operación de la instalación de generación nuclear de que se trate por razones de grave riesgo para la seguridad y continuidad del suministro de energía eléctrica". Desde el PP señalaron que no se trata de algo nuevo (está así recogido en la ley del Sector Eléctrico) y especificaron que no se trata de "nacionalizar", pero explicaron que quieren "reforzar" esta posibilidad (el riesgo de suministro es uno de los asuntos esenciales en el debate sobre las nucleares) y "reflejar que existe".
Por otro lado, el mismo artículo especifica que si una propietaria solicita una prórroga, "si el Consejo de Seguridad Nuclear emitiese informe favorable, el Ministerio competente correspondiente resolverá favorablemente el expediente". Si ya eran imprescindibles los informes favorables del CSN para la opinión final del Gobierno, ahora su postura se hará especialmente trascendente. Sin embargo, cabe recordar la batalla que también se está librando ahora sobre ese organismo en un momento crítico: el Ejecutivo acaba de activar su renovación, que con los nombres sobre la mesa garantizaría alargar unos años la mayoría del PSOE, con la presencia de dos políticos socialistas y de un activista antinuclear.
Cabe destacar, además, la mención que hace la norma a que si existe dicho informe favorable el Ministerio resolverá el expediente "con la diligencia necesaria para evitar una parada de la instalación nuclear derivada de los plazos utilizados en esta tramitación".