Hay veces que no hay mal que por bien no venga: en el marco de una respuesta a la destructiva política arancelaria de Trump, mal está, sin duda, que el gobierno de Sánchez, antes de pactar con el PP, haya preferido ceder a las exigencias de los golpistas de Junts, consistentes en que el 25% de los 14.100 millones en ayudas, basadas en fondos europeos y en préstamos y avales del ICO, vayan destinadas a Cataluña.
Con todo, peor hubiera sido que el PP pactara con el PSOE responder a la necia decisión del presidente Trump de freír a impuestos a los estadounidenses que opten por comprar productos del extranjero con una no menos estúpida decisión como sería la de lanzarse a una "contraofensiva" arancelaria contra EE UU o como también sería la de recurrir al bolsillo de los contribuyentes españoles y europeos para financiar a los exportadores españoles perjudicados por los aranceles de Trump, tal y como este martes ha decidido el Consejo de Ministros.
Porque, que nadie se llame a engaño: estas ayudas —aunque adopten la forma del crédito o del aval— no dejan de ser dinero público de todos los contribuyentes y sólo tendrían algún sentido de manera puntual y transitoria si la política arancelaria de Trump fuera a ser reversible a muy corto plazo. Sin embargo, nuestra respuesta a la política arancelaria de Trump debería tener un muy distinto enfoque. En primer lugar, y siguiendo el ejemplo de Milei en Argentina, instar a la UE a negociar sin descanso con la administración Trump para que ni el gobierno estadounidense ponga aranceles a la exportación de los europeos ni la administración europea ponga aranceles a los exportadores norteamericanos. Eso es, de hecho, lo que empiezan a exigir a Trump incluso gente hasta ahora muy cercana al presidente norteamericano, como Elon Musk. Pero, sobre todo, lo que tiene que hacer Europa, en general, y España, muy en particular, es liberar a nuestras empresas de las asfixiantes cargas fiscales, medioambientalistas y regulatorias que minan su competitividad. El principal destino de las exportaciones españolas no son los EE UU ni China sino la propia Unión Europea, y las barreras regulatorias y fiscales que hay dentro de la propia Unión Europea para el comercio entre Estados miembros son aún mayores que las barreras arancelarias en torno al 20% que les acaba de imponer Trump.
Así, y tal y como ya se advertía en este periódico antes de la llegada del funesto y mal llamado "Día de la liberación", el Fondo Monetario Internacional ha situado el peso de estas barreras en torno a un 45% del precio final de venta para el sector manufacturero y hasta un 110% en el caso del precio final de venta del sector servicios. Bruselas, tal y como acertadamente advirtió el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en lugar de lanzarse a una autodestructiva escalada arancelaria, debe reconocer que los obstáculos internos que aquejan al continente actúan, de hecho, como aranceles que deprimen el mercado interior comunitario.
Es improbable que un gobierno como el de Sánchez, con pésimas relaciones con el gobierno norteamericano; que ante cualquier problema no hace otra cosa que recurrir al dinero del contribuyente y que es, de hecho, el principal impulsor de las cargas fiscales, ecologetas y regulatorias que padecemos los europeos, pueda proponer y, menos aún, liderar una solución sensata frente a la guerra comercial en la que nos vemos inmersos. De él sólo cabe esperar empobrecedoras y autodestructivas respuestas a la ya de por sí empobrecedora y antiliberal política arancelaria de Trump.