Aparente satisfacción en el Govern de la Generalidad catalana tras sacar adelante un decreto que entre otros puntos limita los alquileres de temporada y el alquiler de habitaciones. En ERC, los Comunes y la CUP también celebran el acuerdo, el primero de los socialistas con la formación separatista antisistema. Pero donde más se ha celebrado el pacto es en el Sindicato de Inquilinos, la organización que abandera las protestas contra los desahucios y las subidas de los alquileres.
"Tras meses de movilización y presión social, se ha hecho público un acuerdo entre el Govern y los grupos de ERC, CUP y Comuns para tramitar un proyecto de ley que regulará los alquileres temporales y de habitaciones, y creará un cuerpo de inspectores de vivienda", señala el Sindicat de Llogateres en una nota sobre el pacto.
Esta organización recuerda que el PSC se opuso el pasado mes de julio a la regulación que ahora acaba de aprobar con la extrema izquierda separatista: "Si hoy se han visto obligados a moverse es gracias a las movilizaciones masivas en las dos grandes manifestaciones de este curso y frente al desahucio de Casa Orsola, donde precisamente se querían hacer alquileres temporales". El Sindicat también augura que "o se planta cara al negocio inmobiliario o el conflicto por la vivienda se los llevará por delante", en alusión al gobierno de Illa.
Dicho y hecho. El propio presidente de la Generalidad se ha felicitado por alcanzar un acuerdo con la CUP que ha justificado en la "necesidad de intervenir el mercado de la vivienda porque no está funcionando". Según Illa, el alquiler de temporada constituía "la principal vía de fuga" para esquivar los topes establecidos en las zonas tensionadas.
Principales cambios
El texto acordado por el PSC, Comunes, ERC y la CUP limita el alquiler de temporada al alquiler vacacional y señala que "se considera arrendamiento de vivienda permanente el destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda, con independencia de su duración. No tendrán esta consideración las viviendas destinadas a la satisfacción de usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o cualquier otra, que en todo caso se tiene que hacer constar en el contrato".
La modificación de la ley de la vivienda incluye también que en el alquiler de habitaciones la suma de las rentas de todas las habitaciones no puede superar el límite de renta fijado para el piso entero así como una prórroga de las restricciones que afectan a las viviendas de protección oficial situadas en zonas de mercado residencial tensionado. Además, los municipios podrán vetar el alquiler de temporada en sus términos municipales como ya sucede con la existencia de pisos turísticos. También se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir pisos de grandes tenedores y que las viviendas así afectadas sean consideradas de protección oficial de manera permanente.
Más presión
A pesar del visto bueno del Sindicat de Llogateres, la organización destaca que "es necesario bajar el precio de los alquileres un 50%, necesitamos contratos indefinidos, hay que prohibir las compras especulativas y construir un parque de vivienda protegida 100% pública. En definitiva, si queremos que la vivienda sea un derecho, tiene que dejar de ser un negocio. Este acuerdo es solo un paso".