El gobierno laborista del Reino Unido, liderado por el primer ministro Keir Starmer, ha anunciado una serie de profundos recortes en las subvenciones y ayudas sociales. Esta decisión choca con las promesas de la izquierda británica, que llegó al poder prometiendo un Estado de Bienestar más amplio, y se justifica ahora con el objetivo de controlar el gasto público y abordar el aumento exponencial de las subvenciones, prestaciones y ayudas sociales.
Como explicó Libre Mercado, el gobierno de Starmer ha llegado a disparar la prima de riesgo de la deuda de las islas por encima de las cotas alcanzadas en los peores momentos del efímero mandato de la conservadora Liz Truss. Ante esta circunstancia, y con las encuestas de opinión muy a la contra a raíz de diversos escándalos de corrupción y de informaciones que revelan malas prácticas en relación con graves episodios de violencia sexual ocurridos en el pasado, el laborismo se ha visto obligado a cambiar de rumbo y tomar medidas que ya han generado malestar en las filas de la izquierda más radical.
Según datos oficiales, el gasto en ayudas sociales y en subvenciones o prestaciones por enfermedad e incapacidad ha crecido en 20.000 millones de libras (aproximadamente 24.000 millones de euros) desde la pandemia, con proyecciones que indican un incremento adicional de 18.000 millones de libras para 2030, hasta alcanzar la friolera de 70.000 millones de libras.
La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha enfatizado la necesidad de mantener una política fiscal más estricta para evitar un nuevo colapso financiero y recuperar la confianza de los mercados. En octubre de 2024, el gobierno aprobó un aumento de impuestos por 40.000 millones de libras, principalmente sobre las empresas, lo que generó críticas por su impacto sobre la inversión y el empleo. Ante la perspectiva de un crecimiento económico magro (el PIB apenas crecerá un 1% en 2025, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria), el gobierno ha optado por recortar el gasto, en lugar de aumentar aún más la carga fiscal.
Los ajustes, en perspectiva
El plan de recortes, presentado por la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, se centra en tres ejes principales:
- Endurecimiento de los requisitos para acceder a prestaciones sociales: Se restringirá el acceso a las ayudas por enfermedades físicas o mentales, especialmente entre los más jóvenes, afectando principalmente al Crédito Universal (Universal Credit), un subsidio para personas con bajos ingresos que incluye complementos por problemas de salud o discapacidad. El gobierno asegura que las personas con discapacidades severas o enfermedades graves a largo plazo no se verán afectadas.
- Eliminación del sistema de Evaluación de las Capacidades Laborales (WCA): Este sistema, que determina si una persona está incapacitada para trabajar, será eliminado en 2028. El objetivo es reducir el número de personas exentas de buscar empleo y fomentar la reinserción laboral. Kendall afirmó que "las personas con discapacidades que sí pueden trabajar deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro".
- Reasignación presupuestaria: Los ahorros, estimados en 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) en cinco años, se destinarán parcialmente a otras prioridades, como el aumento del gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB (2.200 millones de libras adicionales) o programas de inserción laboral (1.000 millones de libras). Asimismo, se recortará la ayuda al desarrollo internacional del 0,5% al 0,3% del PIB y se congelarán ciertas partidas del Crédito Universal.
El gobierno laborista reconoce, pues, que el aumento descontrolado de las prestaciones sociales es insostenible y, de hecho, apunta que el sistema actual exime a demasiadas personas de buscar empleo, lo que contribuye a la inactividad laboral de millones de trabajadores, muchos de ellos jóvenes. El Ejecutivo de izquierdas también apunta a la presión de factores externos, como la incertidumbre geopolítica derivada del segundo mandato de Donald Trump o la amenaza rusa que se cierne sobre Europa, como otros factores que han impulsado la necesidad de reordenar los presupuestos y, por ejemplo, incrementar el gasto militar.
División en las filas del laborismo
Rachel Reeves ha defendido los recortes como una medida para "restaurar el margen fiscal", proyectando un superávit presupuestario de 9.900 millones de libras para 2029-2030. Según el gobierno, los ajustes permitirán financiar servicios esenciales como sanidad y educación, mientras se mantiene el rigor fiscal exigido por los mercados. Asimismo, esto significa que el gobierno de Starmer se aleja de la línea expansiva que marcó su primer presupuesto en materia de impuestos, abogando ahora por contener gastos.
Las medidas han generado un intenso debate, especialmente dentro del Partido Laborista. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Pensiones, 3,2 millones de familias verán reducidos sus ingresos en unos 2.000 euros anuales para 2029. Incluso algunos diputados laboristas como Debbie Abrahams o Clive Lewis han criticado la "estremecedora política" del gobierno, al que culpan de "no mostrar empatía".